ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
El derecho a la ciudad
La entrada en acción de las nuevas administraciones municipales en la zona metropolitana, nos lleva a re-pensar en el “Derecho a la Ciudad”, lo que en principio implica dos ámbitos: un enfoque territorial y las relaciones entre los actores de las ciudades. Y tal derecho resulta importante, pues compromisos van y vienen al igual que administraciones y la cuestión es que no se observan cambios fundamentales en ésta nueva era. Me parece que los municipios que integran la metrópoli deben asumir el compromiso institucional de incorporar el Derecho de los ciudadanos a la Ciudad, como un espacio, de entrada, digno para vivir, y no sólo como un bien mercantilizado en el que se puede invertir en ladrillos para beneficio de unas pocas empresas desarrolladoras, bajo la idea de que toda inversión es positiva y genera empleos. Justo la idea del Derecho a la Ciudad, es para reconvenir las relaciones sociales, políticas y económicas de sus habitantes, como un espacio de convivencia, en el que debe privilegiarse la solidaridad, la cooperación, la relación con la naturaleza, como espacio de recreación para las familias, como un lugar en el que cuentan los habitantes, en el que participan activa y propositivamente, en el que pueden encontrar respuestas a sus quejas, reclamos o justicia.
El Derecho a la Ciudad lleva consigo un conjunto de derechos, algunos ya establecidos constitucionalmente y otros por agregar. Pero lo trascendente, sería que los 4 municipios metropolitanos, expidieran con aprobación del Cabildo la “Carta Municipal del Derecho a la Ciudad” como una declaratoria para reconocer y ejercer, como principio rector en el quehacer de las administraciones municipales y como parte de un derecho de sus habitantes a contar con un hábitat digno.
Frecuentemente oímos en diferentes medios de comunicación, que estamos en los primeros lugares nacionales de varios indicadores y que el estado de Querétaro, está a la vanguardia, pero ello es incompleto, pues para realmente colocarse como un “modelo” es imprescindible plasmar en los instrumentos jurídicos e institucionales, los derechos de última generación, que den cuenta de la garantía para una vida digna, de tal forma que cualquier visitante pueda observar la diferencia entre vivir aquí o en otro estado de la república, o que cualquier inversionista interesado en desarrollar una industria, restaurante, fraccionamiento o cualesquier otro giro, tomé en cuenta los criterios contenidos en el Derecho a la Ciudad, para abstenerse de verlo como un paraíso sin reglas o que pueden transgredir o corromper, como sucede actualmente, de imponer y avasallar a ciudadanos, con proyectos inmobiliarios que afectan en muchos sentidos a los vecinos colindantes y a la ciudadanía en general.
La Ciudad que queremos, no es aquella donde cualquier inversión por chica o enorme que se trate, sólo la vea como un espacio a mercantilizar a costa del menoscabo de sus habitantes, de lo que se trata es de que, quien fuere que llegue, sea para sumar, bajo los criterios del Derecho a la Ciudad, para respetar a sus habitantes, para ampliar y enriquecer lo que ya se tiene, más no, para deteriorarlo, quebrantarlo o dañarlo.
Las administraciones municipales, ya tienen el poder, ahora deben usarlo para el beneficio de todos y sería sin duda alguna, un acto trascendental, como la piedra de soporte, que estos municipios metropolitanos, emitieran en acto solemne la declaratoria de la “Carta Municipal del Derecho a la Ciudad”.
