Alejandro Angulo

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Ciudad y Transporte

Ha iniciado la batalla por el incremento del pasaje y en la semana pasada, se produjo un paro en varias líneas que afectó a la población.

Para los empresarios del transporte público se trata de compensar pérdidas en su operación y para el gobierno, del cumplimiento que el transporte debe atender en varios aspectos, a saber, las condiciones de la unidad, la capacitación de los operadores y la sustitución de las viejas unidades.

Así las cosas, se antoja pensar en un incremento intermedio que va por arriba de los diez pesos, según continúe el balance de fuerzas. Sin embargo, hay otros aspectos importantes subsumidos en esta cuestión, que resulta tan importante contemplar en esta batalla alcista del pasaje público.

Resulta que de acuerdo al inventario de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, dado a conocer en el 2018, tenemos un poco más de 9 Ton. de carbono per cápita, lo cual es demasiado, si tomamos como referente a las 4.4. Ton. del promedio nacional. Pero el punto es que el sector que más emite es el transporte (que incluye tanto al público como al privado). Por ello, una decisión de alza en el pasaje debe pasar por la discusión climática y la corresponsabilidad por parte de los operadores de aquellas fuentes de emisión móviles. Es decir, que por un lado, una alza debe incorporar o internalizar los costos ambientales, lo que se traduce en la mejora de las unidades para reducir las emisiones, que para el caso, es la conversión a gas natural. Pues con ello, la sociedad gana en la calidad de vida que incorpora el aspecto de salud. No es admisible un incremento al pasaje sin mejorar o mejor dicho, reducir las emisiones.

Por la otra parte, en cuanto al rol del gobierno, no sólo debe contemplar las condiciones a las que hace alusión, sino también, la cuestión climática y sus medidas de mitigación, lo que en otras palabras significa, que debe alentar el uso del transporte público para minimizar el uso del automóvil, al mismo tiempo, que desarrolla esquemas urbanos de movilidad como son los ejes troncales, con carriles confinados, que hacen más rápido el viaje, y desde esta perspectiva, ya no se trata de sólo ver la relación con las empresas transportistas, sino que también el bien común de la colectividad consistente en mejorar la calidad del aire, la salud y el ambiente, por lo tanto, hay una responsabilidad pública del gobierno en este sentido, misma que puede traducirse en un esquema de subsidio con destino específico, que se incorpore a un incremento del pasaje, pero a condición de la mejora en las unidades, en términos ambientales (conversión a gas natural).

Pensar en el alza del pasaje por si misma, o sólo para beneficio de las empresas transportistas, no se justifica, pues va en sentido negativo en la economía de los pasajeros, del ciudadano de a pie. Y cabe mencionar, que el transporte público, es eso, público y hay una obligación de beneficio público por quienes lo brindan, de tal manera, que deben cumplir con ciertas condiciones, en primer lugar, para seguir ofreciéndolo, y en segundo, una reciprocidad entre lo que se paga y se recibe. En tal medida, hay que decirlo, para que no se les olvide a los dueños del transporte público, que la salud y el medio ambiente, son derechos constitucionales protegidos y por tal razón, deben atender, no sólo sus ganancias sino aún más importante, el beneficio público ambiental.

Por una alza con responsabilidad ambiental

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