La muerte de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos tras un operativo antidrogas en la sierra de Chihuahua encendió alertas sobre la presencia de personal extranjero sin acreditación en el país.
El Gabinete de Seguridad informó que los agentes de EE.UU. no contaban con permiso formal para participar en acciones operativas, e incluso uno ingresó como visitante sin autorización laboral.
El incidente ocurrió la madrugada del 19 de abril, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco y se incendió tras regresar de un operativo contra laboratorios de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara, donde participaron cerca de 80 elementos.
“Se precisa que el Gobierno de México… no tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando”, señaló el gabinete.
Tensiones diplomáticas entre México y EE.UU.
En los últimos días el caso escaló a nivel diplomático, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que Washington aclare el alcance y condiciones de la participación de sus agentes, abriendo un nuevo frente en la relación bilateral sobre seguridad y cooperación.
Para David Saucedo, analista en seguridad, el episodio evidencia una práctica cada vez más frecuente: la actuación unilateral de organismos estadounidenses sin notificación previa al Gobierno federal mexicano, impulsada por la desconfianza respecto a posibles filtraciones de información hacia organizaciones criminales.
La presencia de agencias como la CIA, el FBI y la DEA, explicó, “no es nueva”, pues desde hace años realizan labores de inteligencia, investigación y apoyo táctico en México, generalmente bajo esquemas de coordinación reservada con autoridades nacionales.
Sin embargo, sostuvo que en los últimos años Washington ha reducido el intercambio previo de inteligencia con las autoridades mexicanas, especialmente a nivel federal.
“Compartir la información con el gobierno de México implicaba mayores riesgos, entre ellos que cayera en manos del crimen organizado”, afirmó el especialista.
A su juicio, la información obtenida a partir de capos extraditados, particularmente de estructuras vinculadas al Cartel de Sinaloa, ha permitido a las agencias estadounidenses identificar laboratorios clandestinos, rutas de tráfico y redes de protección institucional sin necesidad de compartir todos los datos con México.
Este factor, agregó, se combina con el interés político de Washington por adjudicarse directamente los resultados en la lucha contra el narcotráfico y proteger la identidad de sus agentes desplegados en operaciones sensibles.
