El Gobierno federal reconoció que podía negarse a entregar a Estados Unidos al piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada, confirmó que el expediente fue revisado por el Gabinete de Seguridad antes de autorizar su envío y, aunque admitió que la decisión fue colegiada, evitó explicar los motivos y remitió la respuesta a la Fiscalía General de la República (FGR).
En conferencia, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que México tiene la facultad de considerar improcedente una solicitud de extradición o de entrega.
“Claro, claro. En muchas ocasiones… no se han dado, donde México se da cuenta que no es procedente la extradición”, respondió al ser cuestionado sobre si el Gobierno podía negarse.
El funcionario explicó que cada solicitud es analizada de manera individual.
El misterio institucional tras la entrega del piloto
“Sí se ve cada detenido o cada persona privada de su libertad, la revisión que se hace”, indicó el Secretario.
Sin embargo, cuando se le preguntó por qué, en el caso del piloto, no se rechazó la petición estadounidense, García Harfuch declinó responder.
“En el del piloto ya lo explicará la Fiscalía General de la República”, dijo de manera tajante.
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la determinación no correspondió únicamente a la Fiscalía, sino que fue adoptada por el propio Gabinete de Seguridad.
“En esos Consejos Nacionales de Seguridad fue el propio Gabinete quien toma la decisión una vez analizado cada expediente”, señaló la Mandataria.
Pese a ello, la Mandataria avance insistió en que primero debe ser la Fiscalía General de la República la que explique cómo fue identificado, detenido y posteriormente enviado a Estados Unidos.
“Es importante que informe la Fiscalía Una vez que ellos den esta información, con gusto podemos informar”, sostuvo.
El piloto, Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, fue identificado por las autoridades mexicanas como quien condujo la aeronave en la que Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, un caso que el propio Gobierno mexicano ha sostenido que podría implicar una violación a la soberanía nacional.
