El Alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en Veracruz por su presunta autoría intelectual en el plagio y posterior homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, informaron fuentes cercanas al caso.
La autoridad ministerial solicitó por ello al Congreso local el retiro del fuero constitucional y la declaración de procedencia en contra del Alcalde emanado de Movimiento Ciudadano (MC).
El expediente entregado al Poder Legislativo, al cual tuvo acceso este medio, sostiene que la privación de la libertad de la comunicadora —ocurrida el pasado 2 de junio en su domicilio en el Municipio de Nanchital— obedeció a una instrucción directa emitida semanas antes por el Edil de la demarcación.
De acuerdo con testimonios y expedientes ministeriales, un testigo declaró que González Martínez se comunicó con un presunto líder operativo del grupo delictivo “Grupo Sombra”, conocido con los alias de “Shelby” o “Tommy”.
En la conversación, el servidor público supuestamente encomendó plagiar y asesinar a la reportera tras enterarse de que ella poseía una fotografía donde él aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Hallazgo en la fosa clandestina
Según la reconstrucción de los hechos, integrantes de la célula criminal irrumpieron con violencia en el inmueble de la víctima y la trasladaron al predio “El Limonar”, ubicado en el Ejido Emiliano Zapata, de Ixhuatlán del Sureste.
En ese punto, tras ser interrogada y golpeada hasta perder el conocimiento, la periodista fue privada de la vida con un arma blanca; posteriormente, los agresores decapitaron, desmembraron e incineraron los restos en un contenedor metálico para enterrarlos en una fosa clandestina.
Tras obtener una orden judicial de cateo en dicho predio, peritos y agentes de la FGE localizaron la fosa con los restos óseos, fragmentos sometidos a combustión, recipientes con hidrocarburo y el arma empleada en el crimen, indicios que permitieron la identificación formal de la víctima.
Asimismo, trascendió que sobre González Martínez pesaba una indagatoria previa tramitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de incumplimiento de un deber legal, al haber omitido la entrega del Plan Municipal de Desarrollo dentro de los plazos constitucionales.
El trámite en la Legislatura veracruzana no atañe de forma exclusiva al Mandatario de Ixhuatlán del Sureste.
Fuentes políticas confirmaron que la FGE promovió de forma simultánea una segunda solicitud de desafuero en contra del Presidente Municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también perteneciente a las filas de MC, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado los delitos que se le imputan en ese expediente paralelo.
Posturas políticas ante los desafueros
Abordada por medios locales, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Naomi Edith Gómez Santos, sin mencionar nombres, confirmó que los ediles involucrados ya recibieron la notificación formal de los procedimientos iniciados en su contra.
A partir de la diligencia, ambos funcionarios disponen de un plazo de siete días hábiles —el cual vence el próximo martes— para comparecer o remitir sus alegatos de defensa ante la Comisión Instructora.
Una vez agotada esa etapa, la comisión fijará la audiencia de desahogo de pruebas antes de elaborar un dictamen que será sometido a la discusión y votación del Pleno.
De aprobarse la declaración de procedencia por mayoría de votos, los munícipes perderán la inmunidad procesal y quedarán a disposición de los jueces de control correspondientes.
Desde el término del proceso electoral para renovar las Alcaldías, la dirigencia de MC en Veracruz ha acusado persecución política y coacción por parte del Gobierno estatal y operadores de Morena para forzar la renuncia o deserción de sus alcaldes y regidores electos.
En contraparte, la Gobernadora Rocío Nahle ha señalado públicamente que el partido naranja postuló a candidatos con supuestas ligas con la delincuencia organizada en la entidad.
