Acción penal contra Balvanera

Solicitan a PGR investigación sobre posibles delitos adicionales de transporte ilícito de recursos forestales y contra la gestión ambiental FOTO: BALVANERA POLO & COUNTRY CLUB
Solicitan a PGR investigación sobre posibles delitos adicionales de transporte ilícito de recursos forestales y contra la gestión ambiental
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Reitera la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que en el caso de daño ambiental causado por la empresa Residencial Balvanera en el municipio de Corregidora, Querétaro, se actuó conforme a derecho contra dicha desarrolladora al comprobar que violó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).

El proyecto removió ilegalmente más de 20 mil metros cuadrados de vegetación natural en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente que debe otorgar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con base a la Ley LGDFS. Omitió pago al Fondo Forestal Nacional y medidas de rescate y mitigación.

En consecuencia, la Profepa presentará una segunda denuncia penal ante la PGR a efecto de que se investigue ahora el posible delito de transporte ilícito de recursos forestales, adicional al delito federal cometido por el cambio de uso de suelo forestal sin las autorizaciones de ley.

Asimismo, presentará querella por la posible comisión de un delito contra la gestión ambiental al haberse incumplido y continuar a la fecha incumpliendo, por parte de los directivos de la empresa, las medidas de seguridad y urgente aplicación impuestas por la Profepatras violentar la suspensión total temporal del proyecto.

Conforme a la legislación federal vigente, la empresa estuvo en posibilidad de haber solicitado un mecanismo alternativo de solución de este conflicto ante la misma Profepa, lo que le hubiese permitido atenuar las sanciones. No obstante, optó por desacatar las medidas de seguridad impuestas, consecuentemente la desarrolladora fue demandada judicialmente por la autoridad ambiental.

Esta Procuraduría señala que corresponde exclusivamente a la empresa, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, corregir ella misma su situación jurídica.

Por cuanto hace al embargo de 48 millones de pesos y 86 hectáreas de terreno de la empresa, este fue ordenado y calificado de legal por un Juez Federal. Cantidad que deberá ser depositada en el Fondo de Responsabilidad Ambiental de la Semarnat.

 

redacción

 

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