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A juicio AMLO y las mañaneras

ESTRICTAMENTE PERSONAL

por Raymundo Riva Palacio
11 septiembre, 2020
en Editoriales
El reguilete de Lozoya

Alonso Ancira, presidente de Altos Hor­nos de México, detenido en España en mayo del año pasado por varios presun­tos delitos, entre ellos la venta de Agro­nitrogenados a Pemex, acaba de iniciar un pro­ceso judicial que hará historia por dos razones: demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber violado sus derechos al trans­gredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Huma­nos, y exigió que se pronuncie el Poder Judicial sobre las mañaneras. El alcance de la demanda trasciende el caso de Ancira, al pedir respuestas para saber si caben dentro de la ley los agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido en las mañaneras.

Las mañaneras son un diseño institucional de López Obrador mediante el cual ejerce la gober­nanza, difunde las acciones de su gobierno, hace propaganda, y responde preguntas de periodis­tas, paleros para reorientar o desviar temas can­dentes, y de grupos de interés o gestores que lle­van sus propias quejas, denuncias o demandas al Presidente. En sus respuestas suele acusar sin pruebas, mentir o difamar individuos, grupos, empresas o instituciones. En el caso específico de Ancira, de acuerdo con el pliego, “ha sido someti­do a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable”.

La demanda de amparo indirecto que fue pre­sentada el miércoles en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Mé­xico, se refiere a las afirmaciones que hizo López Obrador en las mañaneras, lo que al mismo tiem­po coloca ese instrumento de poder en el banqui­llo de acusados. “El poder que detenta el Presi­dente de la República tiene un alcance de enor­me magnitud y las declaraciones que ha realizado implican un amedrentamiento a los Juzgadores nacionales”, apunta la demanda de amparo de Ancira. “Con sus manifestaciones se menosca­ba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”.

A lo que se refiere es al fallo que obtuvo de un juez en Chiapas el 13 de agosto en contra de la or­den de aprehensión solicitada por la Fiscalía Ge­neral por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los deli­tos que se le imputaban habían prescrito. La re­acción López Obrador fue casi inmediata. Tras el fallo del juez, indica la demanda, entre el 20 de agosto y al menos el 4 de septiembre, el Presi­dente se empezó a referir a Ancira “como culpa­ble de los hechos delictivos que se le imputan”, y a sugerir que el amparo que le dieron había sido obtenido de “manera irregular”.

El litigio de Ancira está corriendo en los tribu­nales mexicanos, pero ante la forma como López Obrador se ha expresado en las mañaneras, adu­ce, se altera el debido proceso, como quedó plas­mado en la doctrina del “efecto corruptor” que elaboró el actual presidente de la Suprema Cor­te, Arturo Zaldívar, en el Caso Cassez.

“Los actos que se reclaman”, dice la deman­da, “son precisamente las manifestaciones pú­blicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso pe­nal que enfrenta el quejoso. Estas manifestacio­nes son claramente lesivas de los derechos hu­manos y garantías del impetrante, en forma di­recta, al acceso información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”.

Pero la dimensión mayor de la demanda se encuentra en una batería de 17 preguntas donde piden al juez que antes de proceder al desarrollo de las violaciones que reclamaron, dé respuesta a las interrogantes que envuelven los problemas jurídicos que se enfrentan:

1.-¿Cuáles son las vertientes del principio de independencia judicial?

2.- ¿Qué tipo de actos pueden violar el prin­cipio de independencia judicial?

3.- ¿Qué actos pueden considerarse como pre­siones externas a la función judicial?

4.- ¿Puede considerarse como presión exter­na a la función judicial, que el Presidente mani­fieste que se investigará a todo Juez que resuel­va en favor del quejoso?

5.- ¿Qué autoridad del Estado Mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuan­do hay una amenaza en contra de la libertad pa­ra emitir sus resoluciones?

6.- ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del Presidente?

7.- ¿Cuál es el alcance del principio de divi­sión de poderes?

8.- ¿Qué autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder Judicial?

9.- El principio de división de poderes ¿pro­tege las facultades de los órganos constituciona­les autónomos?

10.- ¿Cuáles son las vertientes del principio de presunción de inocencia?

11.- ¿Puede violarse el principio de presun­ción de inocencia por actos ejecutados fuera del proceso?

12.- ¿Puede violarse el principio de presun­ción de inocencia por parte de autoridades que no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?

13.- La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocen­cia?

14.- ¿Qué naturaleza jurídica tiene la repara­ción del daño?

15.- ¿Qué implicaciones genera que una au­toridad exija, requiera o solicite en forma reite­rada y pública la reparación del daño de un de­lito al imputado, antes que el mismo sea conde­nado por un Tribunal competente?

16.- ¿Qué implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un imputa­do que repare el daño de un delito?

17.- ¿Cómo deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que aun no ha sido juzgado?

Todas estas preguntas son una radiografía de las declaraciones del Presidente en las mañane­ras, planteadas mediante las interrogantes como violaciones a la Ley, que será tarea del juez deter­minar si lo son.

[email protected]

twitter: @rivapa

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Etiquetas: Alonso AnciraAltos Hor­nosAndrés ManuelDerechos HumanosEspaña. Pemexmexico
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