PLAZA DE ARMAS
- Paloma, Néstor y Chávez, morenos leales
- Dan color azul: Fabiola, Polo y Ruiz Oláes
- Acción contra Peña Nieto sería histórica
- Hoy hace 69 años la fundación de la UAQ
Corbatita azul: Sabino
Letras chiquitas.
El artículo 13 Bis de la llamada “Ley Guaruras” aprobada por el Congreso del Estado dice textualmente: “El Presidente del Consejo Estatal de Seguridad, los titulares de las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos que realicen funciones de seguridad, así como aquellos Subsecretarios, Vice Fiscales, Directores y demás personal de estos, en activo o que haya concluido el encargo, al que se considere necesario proveerle seguridad, podrán disponer de integrantes de alguna institución de seguridad que les brinde seguridad personal”.
¿Así o más claro?
Bueno, pues según el gobernador del Estado y los diputados que votaron se trata simplemente de “armonizar” la legislación local con la federal que -a fe mía- dice todo lo contrario.
Cito el artículo 53 de la Ley Federal de Austeridad Republicana:
“Los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo al informe al Órgano interno de control respectivo o a la Secretaría”.
Bonita armonizada le dieron los 16 diputados locales del PAN, Verde, PES, Querétaro Independiente y ¡Morena! a la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado.
La iniciativa de la ley publicada el lunes 17 de febrero en la Gaceta Legislativa No. 042 fue aprobada por el ni tan honorable pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado conforme al dictamen presentado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil presidida por el diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia del PAN y de la que también forman parte Leticia Rubio Montes del PAN, como secretaria y Jorge Herrera Martínez del Verde Ecologista.
Lo niega todo.
Miguel Ángel Torres Olguin, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, dijo que nada es cierto: “Es totalmente falso que las reformas aprobadas por el Pleno de la LIX Legislatura del estado de Querétaro, pretendan otorgar seguridad personal vitalicia a los funcionarios del gabinete estatal”.
Y fue más allá al argumentar que “La reforma contempla que se debe seguir la regla principal: cualquier caso individual deberá justificarse y el órgano de control correspondiente lo supervisará y recibirá los informes respectivos, es decir, no es obligación para las siguientes administraciones; es facultad del próximo gobernante aplicar la ley y determinar la justificación”.
Torres Olguín detalló que dichas reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ley y obligación constitucional, tienen que pasar por las cámaras legislativas de los estados del país, por lo que, dijo: “no teníamos alternativa”. Más aún, “Nosotros tenemos la obligación legal y constitucional de ajustar; esto ya se legisló a nivel federal y fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Congreso, empezando por los diputados del partido en el poder que es Morena”, indicó.
Estarán de acuerdo con Torres Olguín tres de los representantes del Movimiento Regeneración Nacional: Fabiola Larrondo y Laura Polo que votaron a favor de la “Ley Guaruras” y Mauricio Ruiz Oláes que se abstuvo, además de claro los de su bancada azul, del PES, el Verde y Querétaro Independiente. Ruiz Oláes, reconocido nacionalmente por su argumento de que con la rifa del avión presidencial se puede pagar la deuda externa, dijo ahora que la iniciativa traía “letras chiquitas”. Como en los contratos de los bancos y de Elektra, pues. Lo cierto es que todo el texto tiene el mismo tipo de letra, pero cuando no se quiere ver, pues no se ve. Que su partido se los demande a esos tres y reconozca la congruencia de Paloma Arce Islas, Néstor Domínguez y José Raúl Chávez Nieto por votar en contra.
Ahí vienen las elecciones.
-OÍDO EN EL 1810-
Alerta.
Santa Rosa Jáuregui es un lugar muy caliente desde hace varios años, pero en los últimos meses más. A las calladas se han venido produciendo secuestros violentos y cobro de millonarios rescates, como el del dueño de un restaurante de carnitas por el que, me cuentan, se pagaron 12 millones de pesos. Estuvo cinco días cautivo, sometido a golpes y sin comer.
Pero no, no lo crea, aquí no opera la delincuencia organizada.
¿Verdad?
-¡PREEEPAREN!-
En la mira.
Desde el año pasado, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, había dicho que estaba investigando las cuentas bancarias del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aquí se lo comenté el 28 de agosto pasado: “El queretano (destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en 2017 durante el sexenio pasado por investigar al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin), dijo a la periodista Carmen Aristegui que investiga las cuentas bancarias del ex mandatario no solo en México sino en el extranjero”.
Y le decía que partiendo de la base de que Peña Nieto no podía desconocer los actos de corrupción que se registraron durante su gobierno y que, por ejemplo, habían llevado a la cárcel a su ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario y Territorial, Rosario Robles Berlanga. Nieto Castillo comentó a la periodista: ”Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación… Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”.
Bueno, pues pareciera que las indagatorias siguen avanzando y se robustecen más tras la detención del ex director de Pemex, Amilio Lozoya Austin.
La semana pasada se supo que México está investigando al ex presidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de presunta corrupción del más alto perfil en los últimos años, según avanzó a The Wall Street Journal un alto funcionario judicial de México. La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, el ex jefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Lozoya fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición.
Los fiscales mexicanos lo acusaron de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht SA y la siderúrgica mexicana Altos Hornos.
“La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel”, dijo al Journal el alto funcionario refiriéndose a Peña Nieto. “La extradición y [cualquier posible] confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el ex presidente será acusado en el futuro”.
La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que expirara el mandato de Peña Nieto a fines de 2018. Si Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno se enfrenta a cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses.
Antes de convertirse en fugitivo en mayo, Lozoya dijo que era inocente. Después de su arresto en España, su abogado con sede en México Javier Coello Trejo dijo en una televisión mexicana que su cliente “no actuó por su cuenta”, lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, Lozoya habría reportado directamente a Peña Nieto.
Por lo pronto el presidente López Obrador ya dijo que él no ha pedido nada en contra de su antecesor, pero que la FGR es autónoma.
Así las cosas, podríamos estar asistiendo al fin del llamado pacto de impunidad entre AMLO y Enrique Peña Nieto, que por cierto, desde el año pasado ha dejado de aparecer en eventos sociales acompañado por su joven novia.
¿Señales?
-¡AAAPUNTEN!-
Hoy.
Este lunes 24 de febrero, además de ser Día de la Bandera, se cumplen 69 años de la creación de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra mayor institución de educación pública, constituida por el gobernador Octavio Silverio Mondragón en 1951 y el primer rector Fernando Díaz Ramírez, pero que tiene su origen en 1625, a partir del Colegio Jesuita de San Ignacio de Loyola, reventado en 1869 como Colegio Civil.
Antes de don Fernando fue nombrado el coronel Juan Álvarez -todavía en el Colegio Civil- pero falleció en una reunión celebrada en Guadalajara, Jalisco y no pudo ver el nacimiento de la primera universidad queretana. Así se lo contó el propio Fernando Díaz a nuestro director general Sergio Arturo Venegas Alarcón, en su última entrevista, celebrada en su casa de 5 de mayo 18 (hoy Museo de los Conspiradores) y publicada en el periódico Noticias jueves 26 de junio junio de 1980:
-Entonces me llamó el gobernador Octavio S. Mondragón y me dijo que no quería que yo en lugar de Álvarez porque teníamos “ideologías antagónicas”. Nunca supe por qué me dijo eso. Y que me iba a nombrar interinamente nomás para que hiciera los exámenes y poner a otra gente. El caso es que al término del año y viendo que el Colegio Civil se estaba extinguiendo porque ya nomás teníamos 102 alumnos y pocos se interesaban en entrar porque no había carreras que ofrecerles, pues Agapito Pozo y Pérez Alcocer habían cerrado el primero y segundo de Leyes, fue a ver a Mondragón y le plantee la triste situación. ¿Qué podemos hacer? Me preguntó. Una Universidad, le respondí. Pero ¿cómo una Universidad, si no tienes presupuesto, ni maestros, ni alumnos, ni nada. Lo convencí entonces de que consiguiéramos la ayuda del gobierno federal y así lo hicimos.
De Fernando Díaz Ramírez a Teresa García Gasca la UAQ ha tenido 17 rectores, todos de gran calidad humana y profesional, que han cumplido con la delicada tarea de fortalecerla, a pesar de las limitaciones económicas y del reiterado acoso de los gobiernos para minar su autonomía, especialmente por la influencia de la comunidad estudiantil y magisterial en los procesos políticos y sociales, al grado de que tres de sus egresados han sido gobernadores: Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y Francisco Domínguez Servién. Con todo y a pesar de la multiplicación de universidades públicas y privadas, más de 80, algunas de ellas patito, nuestra máxima casa de estudios mantiene el liderazgo en Querétaro y está en el top ten nacional.
Y seguirá avanzando.
-¡FUEGO!-
¿No?
Los dos ejecutados de la semana pasada en Camino a San Pedro Mártir, siguen mostrando que la narrativa del gobierno estatal en el sentido de que no opera aquí la delincuencia organizada, es una gran mentira. Y si a ello le sumamos el asesinato del taxista de Uber el martes, peor aún.
¡Ah! Pero los principales ya están pensando en su seguridad… para cuando salgan.
¡Porca miseria!
