EXCLUSIVA
SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFEQ) observó varias irregularidades en las actividades realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, que ya fueron remitidas tanto al Poder Ejecutivo como el Legislativo estatales.
En el documento de 45 fojas, que también señala a otras dependencias de gobierno del estado auditadas, se señala que la SEDESO) de la que fue titular hasta marzo de 2018 el actual presidente estatal del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri y que desde entonces es encabezada por Tonatiuh Cervantes Curiel, realizó de manera “injustificada”, el pago de 20 millones 606 mil millones de pesos a un proveedor que ya había contratado el año anterior (2017) para realizar encuestas jefes de familia de todos los municipios sobre sus carencias en acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación y vivienda. Además, las entrevistas abarcaron también lo relacionado con percepción sobre seguridad pública, necesidades y carencias de la población y cohesión social. El documento elaborado en 2017, también contaba con Curp, “Credencial (de elector)”, y firma del encuestado.
Por ese trabajo, insiste la ESFEQ, que ya se entregó y subió a la base de datos de la SEDESOQ en 2017, se pagó la cantidad de 57 millones 989 pesos a una empresa domiciliada en Puebla, que afirmó estar ubicada en Querétaro, pero esto no pudo ser corroborado.
Pero en 2018, Desarrollo Social, solicitó al mismo proveedor, a través del contrato OM/DA/047/2018 un “levantamiento, actualización y validación de padrones de beneficiarios de los programas que ejecuta la SEDESOQ en todo el estado” que según la Entidad Superior de Fiscalización la “ejecución de ambos contratos tiene la misma base de datos”, además de que el realizado en 2017 debería tener una garantía de funcionamiento hasta 2021.
Por si fuera poco, ESFEQ sostiene que en el contrato del año pasado, se pidió una actualización sobre las “mismas localidades y en los mismos hogares” que en 2017, cuyos datos deberían continuar vigentes.
Hace dos años, según el contrato celebrado entre gobierno del estado y el proveedor, según el Anexo Único, se “refirió que el servicio sería para tener un diagnóstico actualizado de las carencias de las necesidades de la población y que con el software se deberá tener un diagnóstico actualizado de las carencias y necesidades de la población por localidad y hogar, además de poder contar con una herramienta que facilite la asignación y operación de programas, información que debió ser confiable… motivos por los cuales las actualizaciones (vía contrato del 2018) no de tenía razón de hacerse”.
Además, señala la Entidad, las actualizaciones no pudieron ser acreditadas en el software puesto a su disposición.
Según la auditoría levantada del año pasado, la información recolectada en 2017, analizada y puesta a disposición de la SEDESOQ vía software, debió contar con módulos de catálogos relativos a los municipios del estado, de localizadas, de colonias, de códigos postales, de programas sociales, de usuarios, que debieron ser proporcionados por Desarrollo Social y cumplir con los criterios del INEGI. Estos datos, según la ESFEQ, debieron permitir conteos generales, “las consultas de encuestas deberá realizarse por filtros aplicables y condiciones o por combinaciones como Encuestador, por municipio, localidad, colonia organización o dependencia… Etiquetar al encuestados como beneficiario de alguna acción o programa…”
Confirma la Entidad Superior que los cambios en el archivo correspondiente al ejercicio 2018, no fueron representativos:
“… Se pudo constatar que los registros fueron capturados en el ejercicio 2017, de conformidad a la información citada y proporcionada por la Entidad, no hay ninguna evidencia que acredite que en el 2018 se realizó cambio relevante…”, destaca la observación.
La ESFEQ señala también que se “identificó que las encuestas en ambos archivos (2017 y 2018)” fueron realizadas por los mismos encuestadores (500 personas aproximadamente) que se identifican como “Agustina79, Rosa252, Patricia52” etcétera.
En cuanto a la empresa poblana, en el contrato de 2018, afirmó contar con “oficinas, vehículos, computadoras, mobiliario de oficina… y consumibles tales como combustibles, mantenimiento, viáticos… y dotará con cargo a su costo, uniformes, mochilas, gafetes, sin embargo de la documentación recibida correspondiente al ejercicio 2018, no se evidenció documento que acreditara el suministro de materiales. Cuando en el contrato de 2017 se refirió que al término de lo servicios, la infraestructura adquirida por el proveedor (tabletas, computadoras, etc.)” serían donadas a la SEDESOQ, hecho que no pudo ser cofirmado.
Respecto al proveedor, la ESFEQ sostiene que en el contrato dijo tener oficinas en el estado, sin embargo, de los documentos que fueron revisados se advierte que no señaló ningún domicilio para oír o recibir notificaciones y la empresa remite a los datos contenidos en el padrón de proveedores de la administración pública, siendo este, uno “ubicado en el estado de Puebla”.
Las observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social subsanarlas en tiempo y forma, pero derivado del documento emitido por la Entidad y entregado al Congreso del Estado, se entiende que ello no fue realizado.
