ESTRICTAMENTE PERSONAL
Las autoridades migratorias en Estados Unidos siguen muy sorprendidas porque la migración indocumentada hacia ese país es extraordinariamente anómala. El diario The New York Times reportó este domingo que en ciudades tan distantes como San Antonio y Portland, en Maine, en la frontera con Canadá en la costa este, arribaron inmigrantes procedentes del Congo y de Angola después de un recorrido que los llevó primero a Ecuador, y de ahí hacia el norte a pie o en autobús a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, por donde cruzaron la frontera con Texas.
Son parte de los más de 144 mil inmigrantes capturados en mayo que provocaron la reacción del presidente Donald Trump contra México, y que provocó una de las declaraciones más inverosímiles, por cuando a candidez y reconocimiento de incompetencia que se hayan escuchado en la política mexicana: “No sé por donde pudieron pasar”.
La perla es de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la responsable de la política migratoria hasta hace unos días, cuando si no formal pero sí factualmente, la despojaron de esa responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se había tardado. La forma como manejó Gobernación el fenómeno migratorio fue un desastre, y peor aún, está demostrado que la política de puertas abiertas con visas humanitarias disponibles para todo aquél que quisiera viajar a México, detonó la más grande crisis en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos que se recuerde en una generación, incluida una tragedia humanitaria de niños en la frontera entre los dos países, y provocó la pérdida de soberanía mexicana, al haberse tenido que tomar decisiones que se acomodaran a los dictados de la Casa Blanca.
La primera victima visible fue Tonatiuh Guillén, cuya gestión como comisionado del Instituto Nacional de Migración se volvió insostenible. El viernes pasado, de manera escueta, el INAMI informó de la renunciade Guillén, sin ninguna explicación sobre los motivos de su salida. El final de Guillén y su breve paso por la administración pública es la derrota completa de la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, donde la ingenuidad de sus funcionarios le permitió a Guillén impulsar la política de brazos abiertos a quien quisiera viajar a México rumbo a Estados Unidos, otorgándoles visas humanitarias, techo, comida y protección de la Policía Federal. El ex comisionado no actuó de manera unilateral. Dentro de Gobernación existió el consenso de que ese debería de ser el camino, sin alcanzar a ver las consecuencias de su reduccionistas visión del fenómeno.
López Obrador no puede decirse sorprendido. La división dentro de su gobierno entre las dos posiciones antagónicas sobre qué hacer, entre Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores se arrastró por meses. En no pocas reuniones de evaluación estratégica sobre el creciente fenómeno, expuesto de manera amenazante con represalias económicas por la ex secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen en febrero, y subrayado por el consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, directamente al presidente en marzo, Guillén fue la cara beligerante de Bucareli.
Cuando le exigían al ex comisionado explicación del porqué habían desarrollado esa política de brazos abiertos, expresaba como valor supremo la protección de los derechos humanos, sin matices. Cuando le exponían que ello podría tener repercusiones y reacciones por parte de Estados Unidos, respondía que no importaba, pensando que lo iba a doblegar. La soberbia de Guillén fue la ceguera de Gobernación, montada en un gobierno naciente donde la incompetencia por desconocimiento de su desconocimiento que lleva a tomar decisiones sin contemplar los diversos escenarios, provoca reveses costosos.
El presidente es quien más los ha tenido. Todos sus compromisos de campaña sobre cómo iba a lidiar con Trump han sido modificados radicalmente. Toda su bravuconería se volvió docilidad. Toda la fortaleza prometida se convirtió en una debilidad, que al tener cerradas las opciones por los flujos de migración inéditos en la Historia entre los dos países, se volvió una vulnerabilidad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ganó 45 días de tiempo, quizás hasta 90, con la negociación en Washington. Sabe que la prórroga de la imposición unilateral de aranceles podría extenderse más allá del plazo acordado con Estados Unidos, pero será una amenaza permanente durante toda la campaña presidencial, que termina en noviembre del próximo año.
La urgencia por evitar los aranceles se resolvió temporalmente con la militarización de la frontera sur y convertir a seis mil elementos de la Guardia Nacional en coadyuvantes del INAMI, reforzado con 647 elementos de la Policía Federal, que comenzaron a desplegarse en Chiapas este fin de semana disfrazados como agentes migratorios, para ir en busca de los migrantes que se hayan quedado varados o se perdieron en territorio mexicano, y llevarlos a la frontera con Guatemala.
Las maromas de Ebrard habrían sido innecesarias porque también se pudo haber evitado la crisis con Estados Unidos. Dejemos lo retórico, porque lo que falta, aunque parezca una obviedad, es lo que viene. Sabemos las tareas encargadas al gabinete de seguridad y que el presidente nombró a Francisco Garduño, militante de Morena sin experiencia en el tema migratorio, como sustituto de Guillén, manteniendo el papel periférico del INAMI en donde debía ser cabeza, que funcionará como una ventanilla administrativa. La estrategia y las decisiones tampoco caerán en Sánchez Cordero o el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, otro de los arquitectos de esta crisis, lo que lleva a pensar si su permanencia en el gabinete se volvió ociosa y es tiempo que, ante la nueva realidad, los cambios en el gabinete que vienen, comiencen por ahí.
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