COLUMNA INVITADA

Dos varas, diferentes simulaciones

¿Qué se necesita para evitar que en cada proceso electoral haya un escándalo de dinero? Simple: no recibirlo, si es de origen desconocido, no hacer retiros en efectivo, no entregar recursos a la gente durante la campaña y no hacer simulaciones para evitar la fiscalización. ¿Qué se necesita cambiar en las leyes y los procedimientos para que esas cosas dejen de suceder? Ésa es la gran pregunta.

No se respeta la ley y el INE sale después de cada elección con su espada, quitándonos el sueño de que conseguimos elecciones transparentes y democráticas.

Fraude es lo que sigue a cada proceso electoral, aun cuando los ciudadanos pagamos millones de pesos de nuestros impuestos para vigilar y transparentar.

La multa contra Morena es de 197 millones de pesos, es decir, 250 por ciento del dinero del fideicomiso que creó para recaudar fondos y destinarlos a damnificados por los sismos del 7S y 19S, luego de que el INE prohibió a los partidos políticos donar parte de sus prerrogativas para ese fin. La única diferencia es que esta vez hay una sanción.

Morena alega que el INE no tiene atribuciones para imponer la sanción millonaria porque se trata de transacciones entre particulares. La autoridad electoral dice que sí puede fiscalizarlas porque se trató de un acuerdo del consejo nacional del partido para el manejo del dinero y cuatro de los seis integrantes del comité técnico tienen vínculos estrechos con la agrupación política.

Escándalos previos: la investigación del Pemexgate destapó la transferencia de 500 millones de pesos hecha en el año 2000 a la campaña del priista Francisco Labastida. Escándalo y consecuencia: el entonces Instituto Federal Electoral impuso al PRI una multa histórica, por severa, de mil millones de pesos, ratificada por el Tribunal Electoral.

Pero en 2003, la autoridad exoneró al PAN tras la denuncia de que la asociación Amigos de Fox había utilizado recursos ilícitos para financiar la campaña que puso a Vicente Fox en Los Pinos al inicio del milenio.

En 2012, el PRI distribuyó recursos mediante tarjetas Monex y Soriana con el argumento de que eran para pagar gastos de sus funcionarios y representantes de casillas. Por aquel escándalo con mecanismos parecidos a los que ahora el INE señala a Morena, como recursos de origen y destino inciertos, la autoridad exoneró al PRI, entre otras cosas, con el argumento de que no se comprobó la compra de votos.

Ahora, el Instituto Nacional Electoral también dice que no está acreditada la compra de votos por parte de Morena, pero sí que muchas aportaciones a su fideicomiso se dieron con grandes cantidades en efectivo de origen desconocido y otras de entes impedidos por la ley para aportar recursos financieros a los partidos. Por otra parte, se dispuso del dinero en retiros cuantiosos a nombre de morenistas, por lo que no puede saberse realmente cómo se utilizó.

Esta vez sí hay multa. ¿En qué casos sí y en cuáles no? ¿Hay una justicia diferenciada? ¿Qué sucede con el dinero producto de las multas, producto de la fiscalización del INE? Pero el punto de mayor fondo es ¿qué se necesita para que la ley y los procesos sean claros y estos escándalos dejen de suceder?