La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó enérgicamente la política cruel e inhumana del gobierno de Donald Trump, por separar niñas, niños y adolescentes de sus padres y madres en los centros de detención en Estados Unidos, y así vulnerar sus derechos humanos.
Solicitó al Gobierno de la República considerar la posibilidad de retirarse de cualquier esquema de cooperación bilateral con Estados Unidos, en materia de migración, combate al terrorismo y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hasta que el presidente Donald Trump no se conduzca con respeto hacia los migrantes.
En el pronunciamiento leído por el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, se llamó a la comunidad y a los organismos internacionales defensores de derechos humanos de la niñez para que condenen la reclusión y separación de niñas, niños y adolescentes; y abogar por detener la cruel e inmoral política migratoria de Estados Unidos.
Solicitó a los representantes ante organismos y parlamentos internacionales para que impulsen las medidas necesarias para detener la política de segregación de niñas y niños migrantes, impulsada por Donald Trump.
La Comisión Permanente también acordó crear un grupo plural de legisladores mexicanos que, de manera inmediata, por la urgencia y relevancia del sufrimiento por el que están pasando las niñas y los niños, acuda a entrevistarse con los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos, para construir una agenda que resuelva la situación a la brevedad posible.
El gobierno de Estados Unidos con su política de tolerancia cero atenta contra los derechos de las niñas y niños, al colocarlos en una situación de mayor vulnerabilidad, y provoca una catástrofe humanitaria, dijo el senador Cordero.
“México no respalda ni apoyará a un país que vulnere sistemáticamente los derechos humanos, y que no tenga ningún respeto por la vida y la dignidad de las personas, en especial de las niñas y de los niños”, refirió el presidente de la Permanente.
El pronunciamiento fue remitido al Ejecutivo federal, para que sea enviado a las embajadas y consulados de México, y que por vía diplomática se haga llegar al gobierno de Estados Unidos y a cada uno de los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de ese país.
También se enviará a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Interparlamentaria, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, la Confederación Parlamentaria de las Américas, el Consejo de Europa, y a los Congresos de las 32 entidades federativas de México.
