El Presidente de la Mesa Directiva en funciones, César Octavio Pedroza Gaitán, tomó la protesta de Ley a los 13 consejeros electos, que se integran al Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Luego de que el Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad con 68 votos, el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, por el que se designó a Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany Fernández Morán; Mirna Nereida Medina Quiñonez; Margarita Michelle Quevedo Orozco, y Edna Dolores Rosas Huerta, como representantes de los familiares.
Además, se designó a Denise González Núñez, Santiago Corcuera Cabezut, como especialistas en la protección y defensa de derechos humanos. Volga Pilar de Pina Ravest, como especialista en búsqueda de personas despreciadas o no localizadas y Mercedes Celina Doretti, como especialista en materia forense
Como representantes de organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, se eligió a Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan Martín Pérez García, Consuelo Gloria Morales Elizondo y Norma Patricia Quintero Serrano.
El Consejo Nacional Ciudadano es un órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que está integrado por cinco familiares; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en dicha Ley, de los cuales se garantizará que uno sea especialista en materia forense; y por cuatro representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos.
Las designaciones de los consejeros se realizó conforme a lo dispuesto por la fracción I, II y III del artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se designó a las siguientes personas.
El dictamen expone que la formulación de estas propuestas se garantiza el respeto a los principios de igualdad y no discriminación, frente a un nivel equivalente de habilidades y experiencia demostrada, considerando criterios de representatividad de género, representación geográfica, legitimidad con actores más allá de su sector, capacidad de diálogo y perspectiva multidisciplinaria a la hora de tomar la decisión.
También señala que los perfiles de los aspirantes electos son idóneos, en atención a su experiencia laboral y de conocimientos especializados en materias afines a la Ley, además de que entre ellos, se encuentran representados los principales grupos de Derechos Humanos y de búsqueda de personas con que cuenta el país.
