Como víctimas de nuevo sistema penal aparecen las familias de El Coyote, en el municipio de Ezequiel Montes, pues las autoridades judiciales han pasado por alto la dignidad de esta comunidad indígena, el destierro de sus usos y costumbres en su mismo país, además de la posesión de más de 100 años, advirtieron los abogados María de Lourdes Palomares Orozco y Víctor Mora Cardador.
Están en entredicho, dijeron, el respeto a los Derechos humanos, la igualdad e imparcialidad, así como a la rápida y expedita impartición de justicia, que solo se ha acelerado en Cadereyta por la jueza de control para privarlos de todo derecho humano que les pueda corresponder a los integrantes de esta comunidad indígena.
Los defensores informaron haber interpuesto una apelación en contra de la vinculación a juicio de sus clientes y que esto aún no lo resuelve el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, desde finales del mes de octubre.
Comentaron que hace dos meses la secretaria del magistrado les dice que la resolución estará para la siguiente semana y nada.
Antier se presentó apelación en contra de la negativa de la jueza de control de Cadereyta por no nulificar la ejecución indebida qué pasó por alto los agravios y excesos causados en la restitución provisional de las 186 hectáreas aún y habiendo suspensión de amparo en contra de dicha diligencia.
Como lo informo PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro,
habitantes de la comunidad indígena de El Coyote, en el Municipio de Ezequiel Montes, con más de 100 años de antigüedad, denunciaron el despojo de sus tierras, a pesar de tener una suspensión dictada por el juez IV de Distrito contra la orden de la juez de Control María Teresa González, hecho ignorado por la fiscal de acusación de Cadereyta, Jessica Areli López Briseño.
Fueron afectadas medio centenar de familias a las que ya les comenzaron a derribar sus viviendas, dentro de las 174 hectáreas en conflicto, de las que siembran 26 y en donde tienen bordos de agua y animales de pastoreo.
Las tierras, ubicadas al lado de las granjas de Pilgrims, están sujetas a un viejo litigio entre los ocupantes y los herederos del finado Leopoldo Vega Montes y los empresarios que están iniciando un fraccionamiento en la zona, representados por el licenciado Ricardo Almanza y José Luis Hernández Higareda.
La juez consideró que el despojo fue realizado por los miembros de la comunidad, liderada por Patricia Camacho Ramírez, y señaló para restitución provisional el día 28 de este mes, sin tomar en cuenta los elementos de prueba y un juicio de prescripción radicado en el Juzgado Mixto Civil de Cadereyta, en el cual se reclama la posesión pública, continua, pacífica y de buena fe por parte de las familias.
Luego de la acción emprendida, los desarrolladores metieron perros rottweiler que devoraron los borregos y otros animales de los indígenas, que también perdieron barbecho, bordos de agua y casas.
El abogado Mora Cardador argumentó que los indígenas poseen ese predio desde hace más de un siglo y que, incluso, el ahora finado Leopoldo Vega Montes reconoció en 1994 a la comunidad de la superficie mediante un documento firmado en la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes.
La licenciada Palomares Orozco dijo que la apelación presentada este lunes ante el juzgado de control que está actuando parcialmente es a propósito de la audiencia del 4 de abril en donde la jueza validó los actos violatorios en la diligencia de restitución provisional, aún con la suspensión provisional de amparo.
Aclaró que existe otra apelación en contra del juicio penal desde su inicio por insular a los moradores de El Coyote. Este tema se encuentra desde hace más de cuatro meses en la Sala Penal del TSJ del Estado, sin resolver.
POR: SERGIO ARTURO VENEGAS ALARCÓN
