ANTORCHA CAMPESINA
Mentir y no invertir dinero de la gente también es corrupción
Ha informado el INEGI, Transparencia Internacional y algunas otras organizaciones e instituciones especialistas en el tema, que a pesar de todas las leyes y reformas que incluyen la muy manoseada Reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, en México este flagelo representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como 347 mil millones de pesos anuales, que nuestro país ocupa el lugar 95 de 165 en el ranking de la corrupción mundial, y ocupa el último lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sabemos también por los medios de comunicación que los funcionarios de todos los niveles de gobierno, salidos de todos los partidos políticos han estado involucrados en casos de uso y abuso del poder para beneficio propio y de sus grupos más cercanos. Según la encuesta llamada Encuesta de Fraude y Corrupción de la investigadora de tendencias KPMG, el 44% de las empresas de México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos, y según el INEGI se cometen más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción de los ciudadanos con las autoridades con las que tienen contacto cotidiano.
Lo peor es que a estas preocupantes cifras se suman las aportadas por el organismo, Índice Global de Impunidad del año 2015, donde México ocupa el vergonzoso quinto lugar de un total de 59 países que cuentan con información estadística, con un 92 por ciento de impunidad. Baste recordar sólo algunos de los presuntos ex funcionarios públicos acusados de corrupción: Andrés Granier de Tabasco, Javier Duarte de Veracruz, Humberto Moreira de Coahuila, Eugenio Hernández de Tamaulipas, Cesar Duarte de Chihuahua, Guillermo Padrés de Sonora, Reinoso Femat de Aguascalientes y la ex diputada Eva Cadena de Veracruz, entre muchos otros, no todos sancionados por la justicia.
Llamó mi atención por eso que el precandidato priista a la presidencia de la República por la Alianza PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, José Antonio Meade, de gira proselitista por Cancún, Quintana Roo, consciente del hartazgo de la gran mayoría de los mexicanos a quienes ha afectado directamente la corrupción en su economía familiar, propuso para recobrar la seguridad, una iniciativa de reforma de ley que permita confiscar el dinero, propiedades y todos los bienes a los funcionarios corruptos, no sólo los que estén a su nombre sino los que estuvieran registrados por alguien más, pues esta iniciativa va contra los propios políticos priistas, pero también de los políticos de otros partidos: panistas, perredistas, morenistas, verde ecologistas, nueva aliancistas, etcétera, que también han cometido actos de corrupción.
En su discurso, Meade pidió atender el reclamo de impunidad y justicia que desglosó en tres puntos; confiscar el dinero, propiedades y todos los bienes a los funcionarios corruptos, que implicaría que los acusados demuestren que su patrimonio es lícito, de otra manera lo perderán en beneficio del Estado; cárcel con penas máxima ampliadas para los funcionarios corruptos, con lo cual se aplicará la suspensión o inhabilitación máxima a los funcionarios públicos, no sólo para el servicio público; tampoco podrán participar en procesos de contratación, y una certificación patrimonial obligatoria a los funcionarios públicos, pues no es suficiente la declaración patrimonial y de impuestos: debe haber constancia que certifique la consistencia de sus bienes con sus ingresos.
De pasada diré, sin ser priista, que puede no gustar a los otros precandidatos pero en la propuesta de Meade hay un reconocimiento explícito de que muchos de los miembros de su partido han cometido graves actos de corrupción que se deben sancionar y propone medidas concretas a diferencia de quienes aún teniendo también cola que les pisen, sólo critican, pero esa es otra historia. Me interesa comentar ¿y utilizar a los mexicanos con toda premeditación y alevosía para que emitan su voto con falsas promesas de atender y resolver sus necesidades más elementales, no es también cometer actos de corrupción?
Según el diccionario de la Real Academia Española, corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole. Y Corrupción política es hacer mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. ¿No es, pues, corrupción, dejar de invertir recursos para obras de la gente? Es pregunta.
