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Jerónimo Gurrola Grave

por Contacto
4 enero, 2018
en Editoriales, En tiempo real
Jerónimo Gurrola
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ANTORCHA CAMPESINA

Funcionarios, no cumplen sus “3de3”

Desde hace algunos años, miembros de organizaciones de la sociedad civil y académicos como Instituto Mexicano para la Competitividad, Centro de Investigación y Docencia Económica, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecde Monterrey, Consejo Coordinador Empresarial, Centro de Estudios Espinoza Yglesia, Confederación Patronal de la República Mexicana, Transparencia Mexicana y la UNAM, entre otros, propusieron un mecanismo para devolver la confianza a los mexicanos, hartos de los actos de corrupción e impunidad cometidos por todos quienes a nombre del pueblo han tenido la oportunidad de gobernar o estar al frente de alguna dependencia de gobierno, llamada “3de3”.
Pero ¿qué tanto ha servido esta iniciativa? Aparte de servir para simular de decentes y honestos para lanzarse a otros puestos, de nada. Según esta iniciativa que se enmarca en la llamada Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción promulgada en mayo de 2015, los funcionarios de los tres niveles de gobierno deben presentarsus declaraciones; patrimonial, de impuestos y de conflicto de intereses, sin embargo, para los funcionarios y servidores públicos tradicionales, enriquecerse con el dinero del pueblo es algo natural. Los saqueos de los ex gobernadores, Duarte, de Veracruz; Borge, de Quintana Roo; Moreira, de Coahuila;Yarrington de Durango; Reinoso Femat, de Aguascalientes;Padrés, de Sonora, etcétera, son sólo algunos pequeñosejemplos de la tremenda corrupción e impunidad que azota anuestro país.
En Querétaro, al finalizar 2015 cinco servidores públicospresentaron sus 3de3, y hoy, a más 2 años y a pocos meses de concluir sus períodos de gobierno, sólo 16 han presentado sus declaraciones y 39 se han hecho los disimulados: 2 Senadores, 6 Diputados Federales y 18 diputados locales además de los alcaldes; Guillermo Vega, de San Juan del Río; León Enrique Bolaño, de Cadereyta; Rosendo Anaya, de Amealco; Dionicia Loredo, de Arrollo Seco; Margarita Hernández, de Peñamiller; Honorina Amador, de Landa de Matamoros; Luz María Quintanar, de Ezequiel Montes; Celia Durán, de Huimilpan, Anayely Álvarez, de San Joaquín; Beatriz León, de Pedro Escobedo; Raúl Orihuela, de Tequisquiapan y Luis Rodolfo Martínez, de Tolimán. ¿Y con esa desfachatez varios de ellos pretenden reelegirse?
Para evitar el mal uso de los recursos y programas socialespor parte de los servidores públicos se han creado organismos y leyes que se complementan con otras leyes y reglamentos que hacen de nuestro sistema jurídico, un sistema sobre regulado, obeso, caro y sobre todo inoperante, donde los únicos perdedores son, como siempre, los mexicanos pobres. Con el Sistema Nacional Anticorrupción se crean también la Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3), Adecuaciones al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Fiscalización de Cuentas de la Federación. Pero ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? En nuestro país las leyes no funcionan porque éstas están supeditadas a los intereses de los partidos políticos y de grupos de poder.
Por eso los gobernadores, Senadores, Diputados Federales y locales y Presidentes Municipales se pasan por el “arco del triunfo” todos los inventos legales, donde declaran y ocultan lo que quieren sin mayor consecuencia. Se sabe por ejemplo que varios servidores públicos que se autodenominan “transparentes” han olvidado declarar dinero en efectivo, ranchos, terrenos, ganado, vehículos, etcétera, y otros más no terminan de justificar ante la ESFE las decenas de observaciones correspondientes al 2017. Ya que se inventaron esa “jalada” 3de3 deberían cumplirla aunque sólo sea por simple requisito y dejar de desviar los recursos de la gente a cuentas personales como algunos presidentes municipales.

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