Con el objetivo de garantizar la protección de la población y del
medio ambiente, el Pleno del Senado de la República ratificó la
Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible
Gastado y de Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos,
adoptada el 5 de septiembre de 1997, en Viena, Austria.
Estas metas, se logarán a partir del diseño, planeación y construcción
de instalaciones de confinamiento; incorporación de tecnologías;
límites y condiciones operacionales, y la obtención de licencias e
intercambio de mejores prácticas.
Prevé la creación de una entidad gestora de los residuos tóxicos,
responsable de elaborar y aplicar un marco contra riesgos
radiológicos potenciales durante todas las etapas de servicio, basado
en estándares internacionales y con una mayor cooperación técnica con
otras naciones.
Salvador Vega Casillas, senador del Grupo Parlamentario del PAN,
aseguró que a través de la Convención, México se integrará al grupo de
países que buscan mejorar la gestión de a favor del medio ambiente,
con la creación de instalaciones especializadas para la disposición de
desechos tóxicos.
Esto es benéfico, pues actualmente nuestro país sólo cuenta con
depósitos provisionales para la contención de materiales radioactivos
producidos por la estación de Laguna Verde, y es necesario darles una
disposición final, agregó.
El senador Isidro Pedraza Chávez indicó que el Grupo Parlamentario del
PRD votó en contra del dictamen, ante la posibilidad de que México se
convierta en el “basurero” de otras naciones, pues, desde su punto de
vista, el convenio carece de claridad en cuanto al intercambio de
residuos.
Los senadores Dolores Padierna Luna, Carlos Manuel Merino Campos y
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, rechazaron el
convenio al argumentar que México cuenta con políticas de seguridad
nuclear y su uso de manera segura, que han operado con certeza
durante 30 años, e incluso cuentan con certificaciones internacionales
El dictamen se aprobó con 67 votos a favor, 16 en contra y cero
abstenciones, fue turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos
constitucionales.
