El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió ayer que el proceso de designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) garantice certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Además pidió máxima publicidad, con criterios objetivos y reglas claras.
En medio de la crisis de corrupción en el INE, el organismo empresarial hizo un llamado a la Cámara de Diputados a privilegiar perfiles con trayectoria comprobada en la materia, capacidad técnica y probidad por encima de cualquier consideración política.
“Rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán más de 19 mil cargos -entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas-, el rol que tendrán el INE y los 16 mil colaboradores que lo integran será determinante para la vida democrática del País”, expuso el CCE en un pronunciamiento público.
“No sólo es indispensable que el proceso de renovación de la presidencia se resuelva con oportunidad; también se deben revisar las disposiciones legales que permitan asegurar la continuidad operativa del Instituto y fortalecer los contrapesos y mecanismos internos de deliberación y toma de decisiones colegiadas”, señaló el organismo que encabeza José Medina Mora.
Fechas del relevo en San Lázaro
El organismo agregó que contar con autoridades electorales independientes y confiables contribuye a la estabilidad política, la certeza jurídica y la generación de condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico nacional.
“Reiteramos que la defensa de nuestra democracia depende de instituciones autónomas, procesos transparentes y autoridades que respondan a la confianza de la ciudadanía. La designación de la nueva presidencia del INE es una oportunidad para fortalecer estos principios”, subrayó.
El pleno de San Lázaro prevé discutir y aprobar este miércoles el acuerdo para iniciar formalmente el proceso de relevo de Guadalupe Taddei en la presidencia del INE, cuya elección se perfila para el 6 y 7 de diciembre próximos.
Taddei dimitió la semana anterior al Instituto en medio de señalamientos y denuncias sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante su administración, hechos que actualmente ya se encuentran bajo investigación.
