La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha mantenido una estrecha relación, más allá de lo institucional, con el proveedor del organismo José Alfredo Hernández Casillas, empresario que la UIF indaga por prácticas fraudulentas.
Fuentes del organismo refirieron que acuden juntos a reuniones privadas, juegos de cartas y eventos de carácter social.
Imágenes muestran cómo ostentan esa cercanía en celebraciones fuera de las instalaciones del instituto electoral.
La autoridad investiga desde 2023 a una red de siete corporaciones propiedad de Hernández Casillas que son proveedoras del órgano nacional y de diversos institutos electorales locales.
La funcionaria asumió la presidencia de la institución autónoma el 3 de abril del 2023.
Empresas bajo indagatoria
Las compañías investigadas por la autoridad fiscal son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas y Grupo Selati.
La fiscalización federal se centra en esquemas de simulación de competencia, triangulación de recursos y presunta operación de factureras.
Durante los ejercicios anteriores se congelaron cientos de cuentas y hoy permanecen vigentes 70 bloqueos bancarios dirigidos a personas físicas y empresas.
A pesar de declarar ante los medios que no tenía compañías preferidas, la funcionaria fue vista acompañada del empresario e incluso él estuvo presente en su festejo de cumpleaños el 26 de junio de 2025.
Conforme a los reportes, el implicado participó activamente en la organización de dicha reunión en la zona de San Miguel Chapultepec, ubicada en la CDMX.
A la celebración asistieron los hijos de la servidora pública, León Fernando Piñeda Taddei y Jorge Francisco Piñeda Taddei, además de colaboradores cercanos.
Señalamientos de conflicto de interés
En febrero del año pasado, las firmas del consorcio ganaron de forma directa un contrato por 197 millones de pesos para proveer insumos de la elección judicial.
La relación derivó en la incorporación a la nómina de colaboradores del empresario, entre ellos Jonathan Navarrete Torres, apoderado de una de las proveedoras y catalogado internamente como chofer.
También se sumó a la estructura del organismo Jesús Octavio García, exrepresentante del mismo grupo empresarial y quien fungió como director de Administración.
Ayer la titular reconoció el registro laboral del empleado en la nómina, pero rechazó de forma explícita que realizara tareas de conductor, a pesar de lo asentado en su declaración patrimonial.
Por último, admitió que su actual conductor, Luis Alberto Bustamante Canizales, se encuentra registrado bajo el puesto de líder de proyecto con una percepción mensual cercana a los 70 mil pesos.
