Durante el primer semestre de 2026, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas ascendió a 1.13 billones de pesos, un monto equivalente al 71.9 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En 2018, este gasto en pensiones contributivas y no contributivas era de 46.6 por ciento de la recaudación de ISR, muestra un análisis de Banco Base con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Destaca que únicamente las pensiones contributivas representaron 52.9 por ciento de la recaudación del ISR.
En su análisis de las finanzas públicas actualizado al segundo trimestre de 2026, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, explicó que una forma de dimensionar la presión que ejercen las pensiones sobre las finanzas públicas es compararlas con el principal impuesto del sistema tributario.
La comparación es relevante porque el ISR constituye la principal fuente de ingresos vinculada al ciclo económico.
Balance entre la recaudación y gasto social
“Mientras la recaudación de ISR disminuyó 6.2 por ciento real anual durante el primer semestre, el gasto en pensiones aumentó 5.3 por ciento real, ampliando la presión que este componente ejerce sobre la principal fuente de ingresos tributarios”, indicó la analista.
Las pensiones no contributivas sumaron 298.8 mil millones de pesos de enero a junio de este año, monto que significó un incremento de 13.0 por ciento real anual, y son el componente de expansión más acelerada del periodo completo, con una tasa anual compuesta de 42.2 por ciento desde 2018, resaltó Siller.
El análisis muestra que la Pensión para Adultos Mayores (que es rango constitucional desde 2020, aportó 259.3 mil millones; el impulso marginal de 2026 provino de la Pensión Mujeres Bienestar, que en su segundo año de operación casi triplicó su gasto real, al pasar de 8.0 a 24.7 mil millones de pesos.
Como proporción del ingreso tributario, las pensiones no contributivas pasaron de 1.1 por ciento en 2018 a 10.1 por ciento en 2026.
Desafíos de la rigidez presupuestaria futura
Siller explicó que a diferencia de las pensiones contributivas, este crecimiento no responde a derechos derivados de cotizaciones previas, sino a decisiones de política pública sobre la cobertura y el monto de los apoyos.
“Sin embargo, desde la reforma constitucional de 2020, las pensiones para personas adultas mayores constituyen un derecho constitucional, lo que les confiere una elevada rigidez presupuestaria y reduce el margen para ajustar este gasto en el futuro”, destacó la analista.
En contraste, las pensiones contributivas sumaron 831.7 mil millones de pesos en el semestre, un avance de 2.7 por ciento real anual, y son el rubro de mayor peso del gasto rígido con 40.3 por ciento del total.
Su crecimiento, explica el análisis, responde principalmente a factores estructurales, ya que refleja las obligaciones con los trabajadores que cotizaron bajo los regímenes de seguridad social previos a las reformas de 1997 del IMSS y 2007 del ISSSTE, cuya generación de transición seguirá pensionándose durante las próximas dos décadas, con el envejecimiento poblacional y la mayor esperanza de vida ampliando el número y la duración de los pagos.
