Gilberto Herrera Ruiz tiene un problema con la crítica: no la aguanta. Cuando no puede responderla —y casi nunca puede— manda a que otro se la lleve a tribunales. Rara vez da la cara: empuja por delante a los suyos para convertir entrevistas, investigaciones y opiniones incómodas en expedientes.
Lo sabemos de primera mano. Litigamos, junto con Iván Favela, su caso y el del periodista Óscar Alcázar, de Voz y Testimonio. El asunto ya recorrió instancias y el fondo es mucho más grande que una entrevista: hasta dónde puede usarse la violencia política en razón de género para castigar expresiones que son debate público —funcionarios, padrinazgos, preparación académica, ejercicio del poder—. En el propio litigio se pelean cinco fragmentos que, lo sostiene la defensa, le caben igual a un hombre que a una mujer. Ahí está la trampa: vestir de género lo que en el fondo es escrutinio al poder.
El método no es nuevo. La delincuencia organizada no persigue a todos: mata a uno para avisarle al resto. Aquí la lógica se parece —y subrayo lógica, no identidad—: hacer de un periodista un escarmiento para que los demás entiendan que meterse con ciertos intereses cuesta años de litigio, multas y desgaste. El proceso, cuando se vuelve castigo, produce el mismo miedo.
La coincidencia nacional incomoda. Mientras desde el poder federal se empujan cambios con el argumento de “proteger a las audiencias” y “regular contenidos”, hay periodistas que advierten más control sobre lo que se puede decir. En Querétaro la ruta es otra y el efecto, idéntico: cállate o te denuncio por violencia de género. Al final, autocensura: comunicadores que prefieren no tocar lo que quema.
Y falta lo bueno.
Alrededor de ese grupo hay personajes cuya situación laboral, profesional y política pide revisarse con lupa. Entre ellos, una familiar de una alcaldesa —la misma que ha promovido acciones contra periodistas— sobre cuyo papel en la Cámara de Diputados y cuya trayectoria hay preguntas que nadie ha querido responder. Donde eso toque recursos o funciones públicas, se documentará y, si corresponde, se denunciará. Porque la violencia política de género protege a las mujeres de ataques por ser mujeres; no blinda a nadie frente a un periodista que pregunta. Usarla para tapar lo administrativo la vacía de sentido y ofende a quien de verdad la necesita.
Gilberto debería hacerse otra pregunta: ¿qué pasa cuando los expedientes cambian de dirección? Porque vienen asuntos que no se resuelven con discursos ni con hilos en redes. Hay posibles acciones penales contra integrantes de esa red que tendrán que sostenerse con pruebas ante la autoridad. Se prepara incluso uno delicado, que toca a quien representa jurídicamente a ese entorno y al reclamo de una mujer presa que se dice inocente. Será la autoridad —no una columna— la que fije responsabilidades. Aquí solo lo anticipamos.
Ese es el problema del círculo de Gilberto: demasiados escándalos, demasiados operadores, demasiada gente que se cree intocable porque alguien de arriba la cuida.
Pero la protección política no borra expedientes.
No detiene investigaciones.
Y no convierte el periodismo incómodo en delito.
Ah, y ojo con un movimiento reciente: Claudia Díaz Gayou acaba de dejar el PT —al que dejó sin representación en el Congreso— para afiliarse a Morena, con todo y equipo. Está en su derecho. Lo que no cuadra es el aterrizaje: la misma diputada que se presenta como escudo de los periodistas cae en la órbita del grupo que hoy convierte las denuncias en garrote contra la prensa. Y la pregunta se cae sola: ¿para quién va a operar esa «ley de periodistas»? Porque el periodismo no se autoriza ni se registra: la Corte Interamericana lo dejó escrito en la Opinión Consultiva OC-5/85 —pedir permiso, colegiación o etiqueta oficial para ejercerlo viola el artículo 13 de la Convención—. Y sobra, además: ya existe una ley general y un Mecanismo federal de protección, del que muchos somos beneficiarios. Lo de Díaz Gayou no protege: simula. Lo que valga se armoniza en una línea; lo demás no pasa el Congreso, y si pasa, lo tumbamos por la vía del amparo. Eso no es una ley: es control con moño.
El último clavo de Marina del Pilar
Hoy en nuestra vitrina nacional publicamos uno de los últimos audios relacionados con Marina del Pilar. «La última oportunidad», le dicen su abogado y agentes estadounidenses que, según la conversación, le ofrecían un trato. Ahí aparece una figura del sistema federal de Estados Unidos: la proffer letter, o Queen for a Day, un mecanismo para entregar información a fiscales bajo reglas pactadas. No convierte a nadie en informante ni acredita culpabilidad, pero tampoco es una plática de café.
En el audio se menciona también la seguridad de su familia y hay datos que, por razones obvias, no pueden hacerse públicos: comprometerían personas, fuentes y líneas de investigación. Si la conversación es auténtica, el punto deja de ser si hubo o no un acercamiento: habría que explicar qué se puso sobre la mesa y a cambio de qué.
Ahora sigan la ruta política. Operadores cercanos a Marina del Pilar y Carlos Torres se mueven alrededor de Julieta Ramírez rumbo a la sucesión en Baja California. Julieta, Ismael Burgueño, Norma Bustamante, Alfredo Álvarez, Jaime Cantón y otros forman parte, en distintos niveles, de esa misma estructura. Existen, además, señalamientos de revisiones o problemas migratorios que deberán acreditarse caso por caso.
La pregunta ya no es solo qué ocurre con Marina del Pilar, sino quién necesita controlar Baja California después de ella, y por qué. Si Morena compra como real una ruptura que sólo existe en el discurso, terminará entregando la sucesión al mismo grupo hoy cuestionado. Y queda una todavía más incómoda: ¿qué entregó Marina y a quiénes más señaló?
Colofón.
No en todas las plazas la mano se extiende igual de suave. En Querétaro, a más de un aspirante que hoy suspira por la gubernatura no le ofrecieron trato, ni oportunidad, ni segunda llamada. La versión que circula en ese círculo es más áspera —de esas de «pones sobre la mesa lo que sabes o se te acaba el pase»—. No la firmo como hecho: no tengo el audio. La dejo por lo que es, lo que se cuenta de pasillo, y con ella una duda que, en lo personal, no se me despinta.
Los hechos, en cambio, están a la vista. Hace unos días el gobernador Mauricio Kuri fue invitado especial del embajador Ronald D. Johnson en la nueva sede de la embajada, en la ceremonia por el aniversario de Estados Unidos. Y en esa misma foto —mírenla con calma— pesa una ausencia: la de quien durante años presumió guardar en el cajón las listas de a quién investigaba y que el año pasado, asistió. Coincidencia, dirán algunos. Yo sólo pregunto, y lo pregunto fuerte, porque para eso escribo: ¿a quién le abren la puerta de esa casa, a quién se la cierran, y qué hay que entregar para cruzarla?
A chambear.
