La colectiva feminista Adax Digitales, A.C., presentó una queja administrativa disciplinaria ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación en contra del magistrado Aloys Rütter Castro, en la cual señala un presunto retraso en la resolución del recurso de revisión relacionado con el amparo que impugna artículos del Código Penal de Querétaro que criminalizan el aborto.
De acuerdo con la organización, representada legalmente por Mayra Alejandra Dávila Alvarado, el recurso de revisión 192/2024, derivado del juicio de amparo 1093/2023, fue admitido el 10 de mayo de 2024 y, hasta el cinco de agosto de 2026, no se ha elaborado ni circulado el proyecto de resolución. Adax sostiene que la Ley de Amparo establece un plazo máximo de 90 días para dictar sentencia una vez concluidas las etapas procesales correspondientes.
Exigencia de justicia ante los tribunales
La asociación recordó que el 11 de abril de 2024 un Juzgado de Distrito concedió el amparo al considerar inconstitucionales diversos artículos del Código Penal de Querétaro que sancionan el aborto, al estimar que vulneran los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Como consecuencia, ordenó al Congreso del Estado derogar dichas disposiciones. Posteriormente, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo estatal promovieron recursos de revisión, que quedaron radicados en el expediente 192/2024.
Según la ficha informativa, el 19 de febrero de 2026 Adax Digitales solicitó formalmente la emisión de la sentencia, sin que hasta ahora haya recibido respuesta. Por ello, la organización acudió al Tribunal de Disciplina Judicial para que investigue la actuación del magistrado, determine si existió responsabilidad administrativa por la demora y, en su caso, imponga las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La organización subrayó que la queja administrativa no pretende influir en el contenido de la resolución del amparo, sino que busca que se revise el presunto incumplimiento de los plazos legales y del deber constitucional de impartir justicia de manera pronta y expedita.
