En medio de tanto ruido retumbó el estruendo de la renuncia de Ulises Lara en la Fiscalía General de la República. Lara argumentó “razones personales” para dejar la Fiscalía Especial para Asuntos Relevantes, que atiende los delitos federales de alto impacto o relevancia nacional, y la vocería de la institución, con lo que provocó un enorme hueco a la fiscal Ernestina Godoy, que se quedó sin la persona en la que recaía el peso de la institución y que era su persona de más confianza desde que trabajaron juntos en la Fiscalía de la Ciudad de México.
Lara se incorporó a la Fiscalía General en enero, que generó anticuerpos naturales por su oscuro pasado, y comenzó un trabajo de contrainteligencia -a espaldas de Godoy-, para saber de sus andanzas. Lo que encontraron no fue nada bueno: extorsiones, vínculos con huachicoleros y, lo más inesperado, era informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La exposición de sus andares provocó el cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo y una crisis dentro de la Fiscalía que se está viviendo en tiempo real.
El detonante, de acuerdo con dos fuentes, fue la liberación en el juzgado Primero Penal de Nuevo León de José Antonio Cortés, apodado El Titán, que había sido detenido a partir de las investigaciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero. Cortés era un colaborador cercano de Roberto Blanco Cantú, apodado el Señor de los Buques, que forma parte de la indagatoria del huachicol fiscal que se operaba desde la Secretaría de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Cortés fue puesto en libertad el lunes, y el martes presentó Lara su renuncia. La piezas de un rompecabezas con aristas criminales siguen encajando, mientras el trabajo de contrainteligencia avanza. Lo que descubrieron fue que Lara presuntamente había llegado a pactos con personajes involucrados en el contrabando fiscal, en donde sobresalía Raúl Rocha Cantú, el empresario neoleonés que ganó fama pública por ser el codueño del concurso Miss Universo, en donde se entregó el cetro a Fátima Bosch, una tabasqueña cuya victoria fue seriamente cuestionada por jueces y concursantes.
Rocha Cantú estaba siendo investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde era cónsul honorario. En Estados Unidos, los servicios de inteligencia encontraron que esa red estaba vinculada con el senador Adán Augusto López y con el hijo del expresidente, Andrés López Beltrán. Por mantener viva la investigación sobre el huachicol fiscal que involucraba a los cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero fue obligado a renunciar el año pasado, y ser relevado por Godoy.
La nueva fiscal llamó a Lara, que como en la fiscalía capitalina, se convirtió en el poder detrás del trono. Juntó con él llegó su equipo en la Ciudad de México, que presumía en fotografías publicadas en las redes sociales, y que habían sido señalados por presuntos actos de corrupción. Nunca les pasó nada. Estaban en una posición de jueces y juzgados, que les garantizaba impunidad. De acuerdo con las fuentes, la liberación de El Titán se inscribió en ese contexto, pero se agregó a otra molestia que provocó en Palacio Nacional.
El origen fue la detención hace dos semanas de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, llegando de un viaje. La acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero, relacionados con el caso de Agronitrogenados, por lo que su hermano está bajo proceso en libertad. La información que arrojó el trabajo de contrainteligencia fue que Lara presuntamente actuó de esa manera como parte de una serie de extorsiones a la familia Lozoya y a cercanos de Alonso Ancira, que vendió a sobreprecio a Pemex la planta de Agronitrogenados.
El tema de la presunta corrupción hubiera sido suficiente para que fuera cesado y se abriera una carpeta de investigación en su contra, que es lo que hicieron los gobiernos del PRI en el reciente pasado, pero no es el caso de la 4T. Los actos de corrupción en las administraciones de Sheinbaum y de Andrés López Obrador no han sido motivo de castigo, como se ha visto cada vez que estalla uno, y menos aún de investigaciones para determinar si hay responsabilidad o no de los implicados, como debería haber sido el caso de Lara. Lo que rompió la confianza no fueron sus presuntos negocios ilegales, sino que fuera informante de Estados Unidos.
El descubrimiento de un topo que tenían los servicios de inteligencia estadounidenses en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente en la Fiscalía General de la República, sorprendió y alarmó en los más altos niveles del gobierno mexicano. Lara le había estado suministrando información estratégica, no autorizada, a los agentes estadounidenses desde hace unos seis años, lo que tiene un efecto negativo multiplicador.
La revelación de que Lara es informante de Estados Unidos se suma al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que ofreció aportar información al FBI para solucionar la cancelación de su visa, por investigaciones sobre su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa. Los dos violaron la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a cualquier servidor público notificar por escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones, tres días máximo después de haberlas realizado.
El caso de Lara, ciertamente, es más delicado que el de la gobernadora. Ávila ofreció información; Lara ha aportado información secreta a Estados Unidos durante años. Es una paradoja. El exfiscal milita en la ultraizquierda de la 4T y es parte del grupo político del director del ISSSTE, Martí Batres, que controla parte de la Ciudad de México, y de la ministra Lenia Batres, que por prelación sería la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Pero sobre todo, muestra las debilidades ideológicas del obradorismo y deja asomar algo que tendría que registrarse en Palacio Nacional: los principales enemigos de la presidenta no se encuentran afuera, sino dentro de la 4T.
Nota: Esta columna dejará de publicarse las próximas dos semanas, hasta el 3 de agosto.
