La Iglesia en manos de Lutero: Claudia Díaz Gayou, diputada de Morena-PT señalada por la ESFE por un presunto conflicto de interés, montó tres mesas que vendió como parlamento abierto, pero terminó reuniendo a una minoría de comunicadores afines, funcionarios universitarios y personajes del mismo círculo que se reconocen y validan entre ellos.
No convocaron ampliamente a periodistas desplazados, víctimas de atentados, reporteros amenazados ni organizaciones con experiencia real. Invitaron al círculo necesario para tomarse la foto y decir que el gremio respalda una iniciativa cocinada entre los mismos.
Ahí aparece David Hernández Smeke, quien se indigna porque lo llaman agresor, pese a que existe una resolución y un registro público por violencia política contra una mujer. Recordar un antecedente oficial no es perseguirlo ni censurarlo. Es informar.
También sentaron a Agustín Escobar Ledesma para hablar en nombre del periodismo, cuando es funcionario de la @UAQmx y desde esa posición participa abiertamente en la conversación política de Querétaro. Tiene derecho a opinar, pero también puede cuestionarse su papel institucional y su cercanía con un proyecto político. Llamarlo propagandista cuando actúa como tal no es una agresión; es crítica pública.
Lo preocupante es lo que hay detrás: construir una ley y un consejo a modo para que este grupo decida quién es periodista, qué medios merecen reconocimiento, quién entra a sus padrones, quién recibe recursos y quién queda fuera por no pertenecer a su círculo.
Quieren certificar a sus medios propagandísticos y convertir la protección en una aduana política. Los que publican boletines, defienden causas partidistas y después lloran porque los exhiben pretenden colocarse como jueces del gremio. Mientras tanto, quienes investigan corrupción, reciben amenazas o incomodan al poder siguen desprotegidos y ni siquiera fueron considerados.
Sin minimizar un empujón, un escupitajo o cualquier agresión, tampoco se puede poner todo al mismo nivel.
En otros estados hay periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados y sobrevivientes de atentados. En Querétaro quieren usar incidentes y críticas en redes para construir una narrativa de persecución contra quienes tienen micrófonos institucionales, espacios públicos y respaldo político.
Desde 2012 existe una ley federal que protege a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
También existen el Mecanismo federal y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. La Fiscalía estatal puede iniciar las investigaciones y la FEADLE intervenir cuando se cumplen las condiciones legales. Por eso es falso vender la iniciativa local como si no existiera ninguna ruta jurídica.
Una ley estatal solo tendría sentido si resolviera fallas concretas: reacción inmediata, presupuesto, coordinación obligatoria, protección efectiva y sanciones para las autoridades que abandonen a una víctima. Pero aquí no presentan un diagnóstico serio ni explican qué hará distinto su nuevo aparato. Se reúnen entre conocidos, se reparten el micrófono y aseguran que hablaron en nombre de todo el periodismo queretano.
No es parlamento abierto cuando solo invitan a quienes piensan igual. No es protección cuando pretenden reconocer a los amigos y excluir a los incómodos. Y no es censura recordar antecedentes públicos, cargos institucionales o militancias políticas.
No están construyendo una ley para proteger a quienes investigan al poder. Buscan un escudo para sus propagandistas y una herramienta para desacreditar a los periodistas que no se sometan.
