Se han realizado más de 100 clausuras a empresas por omisiones en materia ambiental durante la actual administración estatal, informó el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Querétaro (PEPMADU), José Luis Peña Ríos.
El procurador informó que tan solo en 2026 se han realizado 15 clausuras en varios rubros como desarrollos inmobiliarios, bancos de materiales, bancos de tiro y empresas de molienda de piedra.
No obstante, desde 2021 se han realizado una centena de clausuras a establecimientos por no contar con la normativa ambiental vigente para operar.
Clausuras recientes por incumplimiento ambiental
Un ejemplo de estas acciones fue la clausura de una desarrolladora inmobiliaria en la capital del estado el 9 de junio, por no contar con autorización vigente en materia de impacto ambiental.
“Las autorizaciones que expide la SEDESU en materia de impacto ambiental deben de ser renovadas, porque no pueden ser dadas por una única vez y que no haya informes periódicos que nos permitan ver cómo han ido respetando las condiciones”, comentó el procurador.
También se clausuró una concretera en el municipio de Colón el 16 de junio, por no contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.
“Esta concretera tenía una manifestación de impacto ambiental, pero no estaba vigente y no contaba con licencia ambiental, que es una de las condicionantes que deben cubrir cuando sacan la autorización”, informó.
En este caso, agregó que las concreteras deben cumplir con estos requisitos, ya que se trata de una actividad que genera emisiones contaminantes que pueden afectar a los ciudadanos.
Inspecciones ambientales y participación ciudadana
Por otra parte, el procurador comentó que las denuncias ciudadanas son fundamentales para detectar posibles omisiones en materia ambiental, pues los dispositivos electrónicos han facilitado la labor de la procuraduría.
A su vez, dijo que el equipo de inspectores se encuentra muy activo, con hasta 30 inspecciones al mes, mientras que en 2026 se han registrado cerca de 160 inspecciones, de las cuales en aproximadamente la mitad se abren expedientes.
“El área de inspección está muy activa… debemos llevar alrededor de 150 a 160 inspecciones, pero no todo se tiene que clausurar”, comentó.
Proceso administrativo y sanciones ambientales
José Peña explicó que las empresas cuentan con un periodo de cinco días para desvirtuar irregularidades, después de la apertura del expediente. Si no lo hacen, se otorgan 10 días para subsanar observaciones. Finalmente, si en un plazo de 20 a 30 días hábiles no se corrigen las fallas, la PEPMADU puede imponer multas de 58 mil a 3 millones de pesos o incluso la clausura definitiva.
El procurador reiteró que la PEPMADU no está en contra del desarrollo económico, pero subrayó la importancia de que este se realice de forma sustentable y con respeto al medio ambiente.
