El gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET) (dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla) que, según Washington, incluye activos clave que fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses”.
La empresa fue incluida hoy 11 de junio en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, que engrosa la relación de entidades gubernamentales y cargos cubanos sancionados, incluido el presidente del país Miguel Díaz-Canel.
La compañía gubernamental sancionada es propietaria de terrenos para almacenar combustibles que pretenden ser alquilados por una empresa importadora, en negociaciones con la entidad Vanguard Energy de Florida, para exportar crudo a la isla; según medios internacionales.
Pero el pasado miércoles, el Departamento de Estado de EE.UU. reaccionó ante estas informaciones y negó haber concedido una licencia a Vanguard Energy que evite el bloqueo impuesto por el presidente norteamericano Donald Trump desde enero para que no llegue petróleo extranjero a la isla.
Rubio acusa uso político de los recursos energéticos
Al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio”; declaró el secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio.
El jefe de la diplomacia de EE.UU. arremetió hoy contra la familia Castro, que también fue incluida en la lista de la última ronda de sanciones del 4 de mayo, la cual afectó al coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; a Lis Cuesta Peraza, esposa del actual presidente de la isla Miguel Díaz-Canel; y a Manuel Anido Cuesta, su hijastro con residencia en Madrid.
Además, las sanciones llegaron a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.
Para Rubio, “los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para enriquecerse” al revender barriles y acaparar suministros para las fuerzas militares, de inteligencia y represivas.
Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Washington ha incrementado la presión sobre la isla para promover un cambio político hasta llegar a procesar en mayo a Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas, en 1996.
Al mismo tiempo, Washington y La Habana mantienen discretas negociaciones y recientemente cargos militares de EE.UU. visitaron la isla.
Por ejemplo, el secretario de Guerra Estados Unidos, Pete Hegseth, acudió en la víspera a la bahía de Guantánamo donde aseguró, ante una posible captura de Díaz-Canel al estilo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, que “todas las opciones están sobre la mesa“.
Al respecto, el gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decidido por su pueblo.
