El pasado 11 de diciembre de 2025, con la publicación de la Ley General de Aguas, México cerró un capítulo y abrió otro. Lo digo sin rodeos: la Federación está planteando a las entidades federativas algo más que un trámite legislativo. Está abriendo una nueva etapa para ordenar, actualizar y fortalecer los marcos jurídicos locales desde una visión de derechos, y el tiempo para hacerlo ya está corriendo. El artículo segundo transitorio concede 180 días naturales a las entidades federativas para armonizar su marco jurídico. No se trata solo de cumplir un plazo, sino de asumir con responsabilidad una transformación institucional de fondo.
La guía recién publicada por la Conagua deja clara la prioridad: reconocer, de una vez por todas, que el agua no es mercancía, sino derecho humano. Durante décadas operamos bajo la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que privilegió las concesiones y permitió, en los hechos, un mercado poco claro donde los títulos podían traspasarse entre particulares. La nueva Ley General de Aguas cambia la lógica: el consumo personal y doméstico debe estar en el centro de las decisiones públicas.
¿Qué corresponde revisar desde los congresos locales? Primero, incorporar las garantías que durante años estuvieron presentes en la jurisprudencia de la Suprema Corte y en la Observación General 15 del Comité DESC de la ONU: disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, no discriminación y acceso a la información. No son conceptos abstractos; son el contenido mínimo del derecho humano al agua reconocido en el artículo 4° constitucional desde 2012 y que tardó trece años en aterrizar en una ley reglamentaria.
Segundo, las entidades federativas deberán prever que los organismos operadores no suspendan totalmente el suministro por falta de pago en uso doméstico. La Corte ya había marcado ese criterio y ahora forma parte del nuevo marco legal. Podrá restringirse el servicio, pero no eliminarse por completo: el mínimo vital debe garantizarse.
Tercero, y aquí está uno de los puntos más relevantes, se plantea reconocer formalmente a los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Las comunidades rurales e indígenas y de difícil acceso que durante generaciones han gestionado sus propios sistemas dejan de ser invisibles para el Estado. Es una forma de justicia institucional que llega tarde, pero que representa un avance necesario.
Cuarto, se propone avanzar en la profesionalización de los organismos operadores municipales mediante capacitación obligatoria, así como incorporar perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interés superior de la niñez en la programación presupuestal vinculada al agua.
Quinto, se abre la puerta para regular la captación pluvial doméstica conforme a las características de cada región, reconociendo que las soluciones hídricas no pueden ser iguales en todos los territorios.
Lo que está en juego no es menor. La Conagua advierte, y coincido, que armonizar no significa copiar y pegar. Cada congreso estatal tiene la responsabilidad de adaptar el piso mínimo federal a su realidad social, geográfica e hídrica, pudiendo ampliar derechos, jamás reducirlos.
Si las entidades federativas avanzan con seriedad, diálogo y visión técnica, México podrá dar un paso histórico en el reconocimiento efectivo del derecho humano al agua. Si no lo hacemos con la profundidad necesaria, volveremos al litigio caso por caso. Por eso, más que una obligación formal, esta armonización debe entenderse como una oportunidad para ordenar el presente y construir una gobernanza hídrica más justa, más clara y más cercana a las personas.
