Querétaro crece. Lo hace a un ritmo que pocas entidades del país conocen, y eso nos obliga a hacernos preguntas que no podemos seguir aplazando. Entre todas ellas, hay una que considero fundamental: ¿tenemos las reglas jurídicas e institucionales necesarias para garantizar el acceso al agua a todos los sectores de la sociedad queretana en los próximos años? La respuesta honesta es que todavía no. Y ese es exactamente el trabajo que hemos venido construyendo desde la presentación del Programa Hídrico del Estado de Querétaro.
Esta semana el Consejo Consultivo del Agua reunió en mesa de trabajo a doce organizaciones: abogados, arquitectos, académicos, profesionistas, productores, expertos. Perfiles distintos, visiones distintas, intereses distintos. Y sin embargo, un denominador común que me pareció revelador: todos coincidieron en que la política hídrica de Querétaro tiene que construirse con visión de Estado, con rigor técnico y al margen de cualquier agenda partidista. El agua no es tema de partidos. Es tema de todos.
Uno de los ejes del debate fue precisamente esto: la necesidad de construir una estructura de derechos para todos los sectores. Suena técnico, pero es en realidad muy concreto. Significa que el ciudadano que paga su recibo de agua tiene derechos claros frente al prestador del servicio. Que el empresario que invierte en Querétaro necesita certeza jurídica sobre el acceso al recurso. Que el agricultor requiere reglas que reconozcan su realidad. Que las comunidades que se abastecen por sistemas propios merecen reconocimiento legal. Que nadie quede fuera del marco normativo porque el marco normativo no fue diseñado pensando en todos.
Eso es lo que la Ley General de Aguas —publicada en diciembre de 2025— le está pidiendo a Querétaro que construya. Y eso es lo que desde el Programa Hídrico Estatal hemos venido diciendo con consistencia: las cosas no pueden seguir igual. No porque sea una consigna, sino porque los datos no mienten. El 60 por ciento del agua que consume el Estado proviene de acuíferos sobreexplotados. El crecimiento demográfico e industrial no se detiene. La legislación vigente no fue diseñada para esta realidad.
Los directores de las facultades de Derecho del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Anáhuac lo dijeron con claridad en la mesa de hoy: cualquier iniciativa legislativa en materia de agua debe pasar por una revisión técnica y jurídica exhaustiva. No puede haber atajos ni improvisaciones cuando lo que está en juego es un derecho humano.
Ordenar este debate, hacerlo con seriedad y con la mirada puesta en el Querétaro de las próximas décadas, es la responsabilidad que tenemos. Y la estamos asumiendo.
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Katia Reséndiz es Presidenta del Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro.
