Víctor Fuentes y Rolando Herrera
Autoridades de Estados Unidos exigieron ayer la entrega del Gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) por encabezar un narcogobierno en Sinaloa.
El Gobierno del Presidente Donald Trump solicitó la detención con fines de extradición del Mandatario morenista y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su círculo cercano, quienes son requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por dar protección al Cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas.
Se trata del primer gobernador en funciones en México acusado en Estados Unidos por estos delitos.
Según el expediente, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, se establece.
En particular, el Gobierno de Estados Unidos acusa al Gobernador Rocha de haberse reunido en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y conocidos en Sinaloa como “Los Chapitos”, para garantizar el apoyo del Cártel de Sinaloa para su elección. Dicho apoyo incluyó la intimidación a otros candidatos y el robo de boletas electorales en aquel año.
Además, lo implican en el asesinato de un colaborador de la DEA, de nombre Alexander Meza León.
A Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en la gestión de Rocha, se le acusa de haber entregado a “Los Chapitos” nombres y direcciones de los rivales de Rocha Moya para la gubernatura en junio de 2021, para poder intimidarlos.
A cambio del apoyo electoral, el gobierno de Rocha permitió a “Los Chapitos” operar con impunidad en Sinaloa, según la denuncia.
Además del Gobernador, son requeridos por Estados Unidos el senador Enrique Inzunza, exsecretario general de Sinaloa en la gestión de Rocha; el alcalde morenista de Culiacán, Juan de Dios Gómez; y el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro.
Por haberse beneficiado de sobornos del Cártel de Sinaloa por montos de hasta 300 mil pesos mensuales, también son señalados Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública; Juan Valenzuela, excomandante de alto rango de la Policía de Culiacán; y Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.
Unos minutos después de que se dieron a conocer los cargos penales, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió ayer que todos los actos de corrupción que ayuden al crimen organizado serán castigados y ofreció continuar colaborando con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas y promover la seguridad de ambos países.
“Hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, aseveró.
El pasado 23 de abril, en Sinaloa, al hablar de que la corrupción frena las inversiones, Johnson anunció que pronto habría acciones para combatir este problema.
“El mensaje es claro: donde la integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades”, señaló hace una semana.
En aquel evento —la colocación de la primera piedra de la planta de Mexinol, con una inversión estadounidense de 3.3 mil millones de dólares— estaba prevista la presencia de Rocha; sin embargo, una manifestación impidió que se desarrollara la ceremonia.
Johnson se trasladó con los ejecutivos a un hotel, mientras que el Mandatario permaneció dialogando con los inconformes.
