STRIKE 1
El caso de los supuestos agentes de la CIA fallecidos en un accidente en Chihuahua ha sido sobredimensionado en el debate público, en buena medida por su carga simbólica. La sola mención de una agencia de inteligencia estadounidense activa en territorio mexicano activa de inmediato narrativas de soberanía, intervención e incluso subordinación, lo que políticamente es altamente rentable para ciertos actores. Sin embargo, conviene separar el ruido político de los hechos verificables. Primero, no es inusual que exista cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en temas de narcotráfico. Esa colaboración puede incluir intercambio de información, asesoría técnica e incluso presencia de personal bajo esquemas regulados. El problema surge cuando no hay claridad institucional o comunicación oportuna, lo que abre espacio a especulación. Segundo, el accidente en sí mismo, aunque lamentable, no necesariamente confirma una “intromisión” indebida. Habría que conocer bajo qué marco operaban esas personas, si estaban acreditadas oficialmente y cuál era su función específica. Sin esos elementos, afirmar una violación a la soberanía es más una interpretación política que un hecho comprobado. Tercero, es evidente que el tema ha servido para desplazar de la conversación pública un logro relevante: el desmantelamiento de un narcolaboratorio. En términos de seguridad, ese golpe tiene mayor impacto estructural que el incidente del accidente, pero mediáticamente es menos atractivo que una narrativa de intervención extranjera. Finalmente, en el contexto político, especialmente rumbo a procesos electorales, este tipo de eventos suele utilizarse para desgastar a figuras de gobierno, en este caso a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Más que la gravedad intrínseca del hecho, lo que estamos viendo es su explotación discursiva. El riesgo real no es tanto la supuesta intromisión, sino la manipulación del tema que distorsiona prioridades y percepciones ciudadanas.
STRIKE 2
Pensar que el T-MEC está en una negociación para “quitar o poner aranceles” es quedarse en la superficie. El tratado ya es, en esencia, un acuerdo de libre comercio; los aranceles no son hoy el tema central. Lo que realmente está en juego es quién controla las reglas del comercio y la inversión en Norteamérica en la siguiente etapa. Para Estados Unidos, la prioridad es estratégica: asegurar cadenas de suministro regionales frente a Asia (particularmente China), fortalecer reglas de origen más estrictas —sobre todo en el sector automotriz—, y garantizar que México cumpla en temas laborales y ambientales para evitar “competencia desleal”. También busca limitar que productos con insumos asiáticos entren vía México con beneficios del tratado. México, por su parte, quiere preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense —vital para su economía—, mantener certidumbre para la inversión (nearshoring) y defender márgenes de política interna, especialmente en energía. Además, busca evitar paneles o sanciones constantes que generen incertidumbre a los inversionistas. En el caso de Canadá, su interés está en proteger sectores sensibles como el agro (lácteos), mantener mecanismos de solución de controversias que lo protejan de decisiones unilaterales de EE.UU. y asegurar estabilidad para sus exportaciones energéticas y manufactureras. En el fondo, más que aranceles, lo que se negocia es equilibrio de poder, reglas de producción, control de cadenas estratégicas y certidumbre jurídica. El tratado es hoy una herramienta geopolítica tanto como comercial.
STRIKE 3…PONCHADO
El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro es, sin duda, uno de los principales detonadores del crecimiento industrial del estado, pero tu diagnóstico es correcto: el cuello de botella ya no está en la pista ni en la carga, sino en la experiencia del pasajero y la terminal. Los datos lo explican con claridad. En 2025, el aeropuerto movilizó más de 2.4 millones de pasajeros, creciendo alrededor de 16% anual, y con un incremento acumulado cercano al 191% desde 2021. Tan solo en el primer bimestre de 2026 ya llevaba 385 mil pasajeros (+10.3%), lo que confirma que la tendencia sigue al alza. El problema es que la terminal actual tiene una capacidad estimada de entre 3.5 y 5 millones de pasajeros, y ya opera cerca del 70% de su capacidad. Es decir, el crecimiento industrial y del nearshoring va más rápido que la infraestructura visible para el usuario. Paradójicamente, el aeropuerto tiene margen en lo estratégico: las operaciones aéreas están apenas al 15% de su capacidad y existe espacio físico para crecer hasta 15 millones de pasajeros anuales. Además, alrededor del aeropuerto ya operan siete parques industriales con más de 30 mil empleos, lo que confirma su papel como nodo logístico. Mi opinión: El riesgo no es que el aeropuerto se “quede chico” estructuralmente, sino que se vuelva incómodo y pierda competitividad en percepción. En un entorno donde Querétaro compite por inversión, la experiencia aeroportuaria es parte del argumento de venta del estado. La clave estará en anticipar la expansión de la terminal antes de saturarla, no después. Porque en infraestructura, llegar tarde cuesta más que crecer a tiempo. El problema es que el aeropuerto es compartido por el Estado y por la federación, por lo que la decisión de ampliación y el capital deben ser compartidos, lo que complica todo y hace pensar que està limitado a evolucionar para generar la experiencia que el usuario requiere. Una opción sería concesionarlo a una de las empresas que se han especializado en esto y han demostrado su eficiencia; el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro es la gran oportunidad del futuro.
