La planta separadora de residuos operada por Broquers Ambiental continuará clausurada hasta que subsane las irregularidades señaladas por la autoridad ambiental, informó el secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio del Prete Tercero. Recordó que la clausura fue ejecutada por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU) tras una inspección reciente.
“El plazo se venció el día de ayer exactamente; hoy está la procuraduría haciendo la evaluación para determinar si se cumple con el plazo. Por cada día de retraso en la limpieza de las líneas de producción incurrirían en una multa diaria. Las faltas tienen que ver con el incumplimiento de lo que establece la manifestación de impacto ambiental. Por esa razón la planta deberá subsanar las observaciones; si no, no podrá volver a su funcionamiento”, puntualizó.
Entre las irregularidades detectadas, se encontró que la empresa no mantuvo confinada la nave industrial como lo establece su manifestación de impacto ambiental, además de operar fuera de los horarios autorizados por la autoridad, pese a las advertencias previas.
“Se le solicitó varias veces mantener la nave confinada y que no trabajara fuera de los horarios establecidos. Hizo caso omiso y, por ello, se aplicó la clausura”, agregó.
La empresa presentó un plan de trabajo dividido en tres etapas para atender las observaciones señaladas. De acuerdo con del Prete Tercero, la primera fase contempla una confinación temporal, mientras se levantan muros de concreto para contener la totalidad de la operación.
Este documento fue entregado a la PEPMADU y será evaluado por la SEDESU para determinar si cumple con la manifestación de impacto ambiental, especialmente en lo relacionado con las normas de emisión de ruido y olores, ya que los incumplimientos han generado molestias entre los vecinos de la zona.
Sobre la posibilidad de que se revoque la concesión a la planta, el funcionario estatal aclaró que esta es una atribución exclusiva del municipio de Querétaro, mientras que la administración estatal solo puede actuar en lo referente al impacto ambiental y el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los permisos correspondientes.
“Es una decisión del municipio, es una concesión que otorga el municipio. Lo que nosotros evaluamos es el funcionamiento de la planta, que de acuerdo a la manifestación de impacto ambiental que se que se emitió, no cumplieron ciertos requerimientos que derivó en la clausura”, explicó.
