Un tribunal federal confirmó un crédito fiscal de mil 603 millones de pesos contra Grupo Elektra, que reclamó supuestas presiones políticas contra los magistrados, y dijo que su caso muestra las consecuencias más graves de “la farsa electoral judicial”.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó a la empresa el amparo directo contra el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que al igual que en múltiples casos previos reconoció en septiembre de 2023 la legalidad de la resolución del SAT, por ISR omitido en el ejercicio de 2012.
Elektra impugnará ante la Suprema Corte de Justicia, pero está por verse si la presidenta Norma Piña admitirá su recurso, como hizo en 2024 con dos asuntos que suman más de 33 mil millones de pesos.
La Segunda Sala de la Corte tiene proyectos para desechar estos recursos desde octubre, pero Elektra los ha bloqueado con decenas de impedimentos contra casi todos los Ministros y Ministras.
El máximo tribunal sólo puede revisar la constitucionalidad de las leyes aplicadas a Elektra, pero no los hechos que originaron el crédito fiscal ni los detalles de las resoluciones del SAT.
En un comunicado emitido hoy, la empresa también se quejó de que el tribunal colegiado “no remitió el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales”.
Pero Elektra ha planteado impedimentos en todos los tribunales que llevan sus amparos, por lo que la táctica ya está siendo rechazada con mayor frecuencia.
“El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”, dijo la empresa, que acusó a los magistrados de “exhibir su alineación con un proyecto político”.
Elektra ya había perdido en enero de 2022 otro caso parecido en la Corte, por el ejercicio de 2006, por el que tuvo que pagar 2 mil 626 millones de pesos al SAT.
Además, están pendientes amparos directos contra créditos por los ejercicios de 2010 y 2011, que suman 6 mil 920 millones de pesos. El caso de 2011 también está en el Décimo Tribunal.
