“Nos guste o no los comerciantes de la Alameda Hidalgo deben ser reinstalados”, aseguró la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro, Celia Maya García, quien dijo que más allá de cuestiones de imagen urbana, lo que verdaderamente está en juego es el respeto al Juicio de Amparo
Entrevistada por PLAZA DE ARMAS, el Periódico de Querétaro, la también ex candidata a la gubernatura del estado sentenció que a pesar de que un Juez Federal otorgó hace un mes un amparo a los tianguistas , las autoridades, quienes están obligadas a realizar los actos necesarios en su competencia para dar cumplimiento a las sentencias, han hecho caso omiso de la misma, lo que dijo vulnera la protección de los derechos de los ciudadanos.
Según apuntó la Magistrada, es el Juicio de Amparo la única herramienta jurídica que tienen los ciudadanos para detener actos arbitrarios por parte de autoridades, por lo recalcó que es de suma importancia impulsar esfuerzos para preservar, pues de lo contrario, dará carta abierta para que cualquier autoridad violente los derechos de las personas cuando quieran.
“Con la sentencia de amparo las cosas deben regresar al estado que tenían antes del actuar arbitrario de las autoridades, por eso debemos exigir que las sentencias de amparo se cumplan a cabalidad sin condicionamientos; debemos defender la Institución del Juicio de Amparo”, apuntó Maya García.
Asimismo, criticó el autoritarismo con la que se han expresado algunas autoridades quienes apuntan que los comerciantes no regresarán a la Alameda Hidalgo, y que habría consecuencias para quienes lo intentaran, asegurando que estos dichos, además de que encierran amenazas, están fuera de lugar, pues es el propio Juicio de Ampara que impide que se lleven a cabo abusos por parte de las autoridades al tiempo que resaltó que se debe hacer cumplir la ley.
Recordó que si los comerciantes obtuvieron el amparo de la justicia federal, fue porque los lanzaron de sus lugares de trabajo de manera arbitraria, pues no hubo ningún juicio y no fueron escuchados con todo y que ya tenían varios años laborando en esa zona, por cierto, un lugar que dijo fue designado por las propias autoridades tiempo atrás..
“Ese acto de autoridad fue arbitrario, violento, que causó daño a las víctimas del mismo y que les sigue causando porque no pueden realizar su actividad. Ese tipo de actos son los que como sociedad no debemos permitir, porque las autoridades deben sujetar su actuar a la ley”, señaló la Magistrada.
Finalmente y al preguntarle sobre las posibles consecuencias que habría si no se cumple con la sentencia del amparo, Maya García dijo que sí hay consecuencias, recordando el caso de la alcaldesa de Pedro Escobedo, Graciela Juárez Montes, quien en 2013 fue destituida del cargo por no hacer cumplir una sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
POR: VÍCTOR POLENCIANO
