El director de Juzgados Cívicos de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro, César Zavala Díaz, informó que sí existen personas que han sido remitidas en cerca de 100 ocasiones, por la comisión de diversas infracciones.
Esto, por faltas administrativas ordinarias, como el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, estar intoxicados o escandalizar. Al respecto, comentó que muchas de estas personas han sido canalizadas a algún tratamiento de rehabilitación, mediante el convenio con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).
“Por el tema de la atención a personas que tienen un nivel muy grave y elevado de adicciones y que constantemente están ingresando aquí a juzgados cívicos por faltas ordinarias, ya sea por el consumo de sustancias en vía pública o, incluso, por vejar, intimidar o que estuvieran en un grado de intoxicación, hay personas que tienen incluso más de 100 ingresos a juzgado cívicos por la comisión de faltas administrativas”, argumentó.
César Zavala indicó que, con una valoración médica, se determina que no se ayuda al infractor con ponerlo solamente en arresto; lo que lo vuelve un factor para poder canalizar a los anexos y para que se atiendan sus problemáticas de manera integral.
Asimismo, Zavala Díaz dio cuenta de cerca de 55 infractores, 52 hombres y tres mujeres, que de diciembre a la fecha, tras haber sido remitidos a juzgados cívicos, fueron valorados y canalizados a un Centro de Rehabilitación contra Adicciones. De esta cifra, al menos 20 han sido reincidentes de ser arrestados en juzgados cívicos.
“Ellos fueron presentados en los juzgados cívicos por cometer alguna falta administrativa. Sin embargo, al momento de realizarles la valoración médica, los médicos detectan un problema grave de adicción; son personas que en su momento llegan todavía intoxicadas. Y atendiendo a los registros que se tienen en el juzgado y en el sistema informático de Justicia Administrativa se ve que es una persona que constantemente ingresa a los juzgados cívicos”, manifestó.
Recordó que el convenio fue firmado por los 18 municipios; lo que incluye que los ayuntamientos se hacen cargo de los costos por tratamiento. Con ello, se garantiza a las personas el derecho de acceso a la salud; ya que muchas de ellas no cuentan con los recursos para solventar su rehabilitación.
