Si la Fiscalía General del Estado logra acreditar que el agresor del comerciante Arturo Rueda se desempeñaba como servidor público al momento del incidente, se podrían sumar cargos por el uso indebido de la función pública. Lo anterior lo manifestó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo Garfias.
Acotó que primero deberá concluir las investigaciones y los procedimientos que actualmente pesan en contra de los implicados.
Aun cuando el Código Penal no especifica el término de “agravantes”, se trataría como delitos independientes.
“Se supone que los funcionarios públicos solamente ejercemos una actividad como funcionarios, pero en este momento no sabemos cuál es el estatus jurídico del acusado, ya que apenas nos encontramos en el proceso de investigación de la conducta que se le atribuye, pero no sabemos, si fue por motivo de su encargo que llevó a cabo la agresión, incluso no tengo conocimiento cierto de que sea funcionario público”.
Al margen de las investigaciones de la Fiscalía General, otros grupos parlamentarios han solicitado que se llegue al fondo del asunto.
Tal es el caso del coordinador de los regidores del PRI en el Ayuntamiento capitalino, Francisco Xavier Alcocer, quien acusó que desde un principio la autoridad municipal, en voz de Manuel Velázquez Pegueros, dio información distorsionada sobre lo ocurrido.
“En un principio se dijo que Hugo Serrano se presentaba de manera voluntaria y luego nos enteramos que en realidad había una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General. No pueden tolerarse este tipo de situaciones en donde se sienta un pésimo precedente de violencia y violaciones constantes a los derechos fundamentales de un ciudadano”.
FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ
