Animados por el insólito congelamiento de la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia a cuyos ministros (excepto a los sumisos y obedientes) se les ha negado hasta el contacto telefónico con los empleados del gabinete presidencial, los gobernadores de BC (Marina del Pilar Ávila); BCS (Víctor Manuel Castro); Sonora (Arturo Durazo), Sinaloa (Rubén Rocha) y Nayarit (Miguel Ángel Navarro) han desconocido –de un plumazo– la capacidad jurídica del Tribunal Constitucional.
Lo han hecho mediante un oportunista y genuflexo desplegado bajo el membrete de los “Gobernadoras (nomás una) y gobernadores de la 4.ta transformación”, cuyo principal sustento para “rechazar la decisión de 8 ministros de la SCJN, que revierte la incorporación operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la SEDENA”; eleva este argumento: “los valores y adscripción militares son indispensables para la afirmación y preservación de la honestidad, la eficacia y el profesionalismo de la Guardia Nacional,” con lo cual no solo ponen en duda la capacidad “operativa y administrativa” de la secretaría Rosa Icela, sino la eficacia moralizante la Cuarta Transformación en el campo de sus responsabilidades civiles.
El pronunciamiento colectivo, afirma:
“Consideramos que las reformas a las leyes que rigen la institución de la Guardia Nacional en ningún momento se apartan del marco constitucional, pues preservan su carácter civil, destinado especialmente a salvaguardar la seguridad pública, permitiéndole al mismo tiempo la oportunidad de contar con las mejores condiciones de infraestructura, entrenamiento y adiestramiento. De ahí que la postura interpretativa adoptada por la Suprema Corte de Justicia, cuando concluye que se viola el artículo 21 de nuestra Carta Magna, al facultar al Ejército a llevar a cabo más facultades que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, carecen de razón.”
Obviamente quienes carecen de razón son estos gobernadores porque la Corte no le negado al Ejército labores de asesoramiento, formación y trasvase de elementos. Solamente le prohibición de engullir completa a la GN. Eso es todo. Y lo relativo a la disciplina militar; pues así lo dice la Constitución, no la Corte.
Pero este pequeño manifiesto, plagado de inconsistencias jurídicas, es un acierto político. Todos ellos le deben el cargo al presidente y le deben gratitud, obediencia, admiración, respeto, solidaridad, adhesión, afecto y si es posible, amor eterno, aun cuando en el camino se rehúsan a mirar los graves desequilibrios ocasionados por el señor presidente y sus furias en la estructura de la República.
Todo esto se da a pocas horas de la más grave declaración presidencial en el catálogo de las graves declaraciones presidenciales: no les tomen ni una llamada telefónica a los ministros de la Corte.
–¿A cuáles?
A todos quienes él llama traidores. El Gran Comunicador, ahora incomunica.
BURRADAS
El humanismo del Director General del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, está a toda marcha en la transformación del campus de Santo Tomás.
Lo único malo es transformar un área verde que da lugar donde entrenan y hallan solaz doscientos veinte jóvenes estudiantes, en su mayoría mujeres, de CECyTs en un estacionamiento para 21 autos y un chiquero minúsculo como flamante cancha de “Tocho Bandera”.
Quien aprecie esta avanzada versión de humanismo ambiental, deberá asumir, como hacen el director y sus validos, el nuevo lema para el IPN, “La técnica al servicio de la llanta””.
Reportes iniciales de trabajadores contratados para colar guarniciones de concreto señalan a un pícaro encargado de la Dírección de Deportes, José Antonio Sandoval (cuántos “sandovales”; ya ni yo), como el sospechoso usual de la gran idea ecológico-deportiva.
Sin embargo tras el tormentoso 2022 en el IPN es obvia la incapacidad de los mandfos medios para tomar decisiones. Todo es por ucase.
La gesta ambientalista del IPN tiene miga, ya ampliaremos.
Por cierto, aquello de la Técnica al servicio de la patria”, se debe a la imaguinación de Jesús Robles Martínez.
