Asegurando que la administración municipal ha entregado las pruebas correspondientes a la Procuraduría General de la República, el alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega dijo ante los miembros de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) que además de la piratería, trata de blancas y la prostitución en el corredor comercial de la Alameda Hidalgo, era posible encontrar armas de grueso calibre, como las AK-47, conocidas popularmente como “Cuernos de Chivo”, y granadas de fragmentación.
Lo dijo bajo el contexto de su programa de prevención para disminuir los índices delictivos, en el que enmarca la recuperación de espacios públicos como parte de las acciones preventivas.
Al señalar que se han recuperado 59 localidades, dijo que “el ejemplo más claro, es la Alameda Hidalgo. Al frente había 394 comerciantes en la vía pública. Y debo aprovechar para decirles que ahí había gente buena trabajando con muchos años de historia. Sin embargo, ahí también había un número muy importante de delincuentes que vendían droga, piratería. Había trata de personas y prostitución. Por extraño que les parezca, en ese lugar ustedes podían comprar una granada o un AK-47”.
Aguilar Vega aseguro que sus acusaciones no se reducen a un discurso. Aseveró que antes de la intervención, entre Constituyentes y Zaragoza transitaban 30 mil personas a lo largo de los siete días de la semana.
Al señalar que la próxima semana finalmente, y luego de dos meses de retrasos y pérdida por varios millones de pesos en recursos federales, se entregará la primera etapa de las obras en la Alameda Hidalgo, el edil presumió que ahora caminan 120 mil transeúntes a la semana.
Aseveró que la delincuencia había florecido en la Alameda Hidalgo por falta de autoridad. Adelantó que este 2017 se habrán de recuperar 189 espacios públicos, como parques, unidades deportivas, camellones y plazas públicas.
Hace casi un año que los comerciantes fueron desalojados de la Alameda Hidalgo por el Municipio de Querétaro, con la cooperación del Gobierno Estatal.
Fue la madrugada del domingo 19 de junio del 2016 cuando en punto de las 3:00de la mañana policías municipales y estatales cerraron Avenida Zaragoza desde la esquina de Corregidora y hasta Pasteur. Dieron paso a los tráileres con plataformas y trabajadores del área de Servicios Públicos Municipales comenzaron a subir los casi 400 carritos de mercancía.
Los comerciantes solo podían observar desde el cerco. Algunos los fueron a tirar al viejo estadio municipal y otros fueron a parar a unos terrenos en Mompaní. Dos días antes, el líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola, había sido detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado acusado bajo los cargos de motín cuando se dirigía a una supuesta audiencia con el alcalde Marcos Aguilar.
A partir de ese momento, se registraron protestas y cierre de calles por parte de sus agremiados, quienes hasta entonces desconocían el paradero de su líder.
Posteriormente se les informó en un ríspido encuentro con personal de la Secretaría de Gobierno que Pablo González se encontraba detenido bajo los cargos de motín. Tras una orden de la juez de Distrito Mónica Montes Manrique, fue liberado del Cereso de San José el alto la tarde del 4 de agosto.
Desde entonces, Pablo González Loyola ha ganado ya dos amparos. Uno a la administración de Marcos Aguilar, en el que el juez ordena que se le permita ejercer el comercio en la vía pública, y el segundo en el que se ordena al juez que deje nulo el auto de procesamiento y se declare incompetente. Además, se ordena que el fiscal se abstenga de conocer la carpeta de investigación 7560 del 2016 por la cual se pretendía privarle de la libertad.
FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ