El diputado local por el partido Querétaro Independiente (QI), Manuel Pozo Cabrera, dio a conocer que se reunió con el titular de la Fiscalía General del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, quien le reconoció que hay pocas denuncias relacionadas con el robo de equipamiento urbano.
Ambos personajes intercambiaron puntos de vista sobre la agenda legislativa necesaria para inhibir la problemática del robo y comercialización de alcantarillas y demás mobiliario urbano; donde coincidieron en las dificultades que hoy en día se presentan al denunciar un acto así.
“Lo que nosotros platicamos, hay cifras grises en este sentido. Identificamos, porque los propios medios, las empresas, las entidades públicas, han señalado el robo de la infraestructura; sin embargo, el número de denuncias no es proporcional a este fenómeno”.
Pozo Cabrera relató que acercó la iniciativa que habría ingresado el propio coordinador de la bancada de QI hace algunas semanas, relacionada con incrementar al 50 por ciento las penas contra quienes roben o comercialicen estos elementos, al calificarlo como robo agravado.
Sin embargo, reconoció que será necesario establecer estrategias en conjunto con la Fiscalía General, para facilitar la denuncia de estos actos desde las dependencias públicas y privadas afectadas, así como las denuncias ciudadanas.
“Es importante que cuando se presente una denuncia, nos pidan una factura; evidentemente no hay una factura ante una alcantarilla, porque forma parte de un expediente de una obra completa. Hay ciertas complejidades que en la práctica también nosotros pretendemos establecer o facilitar vía la ley”.
Por último, el legislador aseguró que en tanto la normativa se aplique, existe ya la intención de algunas dependencias, como la Comisión Estatal de Aguas, de sustituir algunos materiales que son robados por otros de menor costo, pero que pueda ser viable su instalación, a fin de inhibir la sustracción y venta de materiales como acero, cobre o concreto.
Además, ante las acciones de autoridades municipales de inspección en las famosas “chatarreras”, se trabajaría para calificar como penales las sanciones en contra de los propietarios de estos espacios que promuevan la compra-venta ilegal de equipamiento urbano.
“Las autoridades han venido haciendo clausuras, estableciendo multas a chatarreras, pero no se ha procedido penalmente. Estamos proponiendo fortalecer este artículo 183 BIS-1 del código penal, donde se establece ya una conducta penal para quien recibe y comercializa este producto robado”.
