Al reiterar su rechazo a la llamada Ley Garrote aprobada por el Congreso local en contra de la protesta y la organización ciudadana, la diputada Paloma Arce Islas. coordinadora de la bancada de Morena, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad junto con legisladores del Partido Revolucionario Institucional, en cuanto sea publicada por el Ejecutivo del Estado. Son tres artículos del Código Penal los reformados y objetados por castigar hasta con seis años de prisión las manifestaciones de los activistas sociales: 287, 288 y 289.
Arce Islas señaló que Francisco Domínguez Servién no escucha a los ciudadanos y gobierna represivamente, con el respaldo ciego de su mayoría en el Congreso del Estado, incluso aprovechando la pandemia para modificar las leyes en contra de los grupos sociales.
Por esa razón los legisladores de Morena están en contacto con sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional para frenar estas modificaciones que pretenden llevar a la cárcel a los opositores de la administración panista e impedir cualquier acto de protesta.
CASTIGAN LUCHA SOCIAL
PALOMA ARCE ISLAS: Este asunto no lo vamos a soltar. Una vez que se publique por el Ejecutivo, nosotros como bancada de morena, junto con el partido, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. Necesitamos un mínimo de ocho firmas de diputados. Morena tiene seis, pero los diputados del PRI, a través de Hugo Cabrera Ruiz, presentaron una reserva en la segunda ocasión sobre los mismos artículos que ya habíamos señalado que estaban mal, que no tenían nada que ver con la pandemia sino que estaban dirigidos para castigar a los luchadores sociales, en contra de la protesta y de la organización ciudadana. Ese es el objetivo de estos artículos. Entonces nosotros confiamos en que los legisladores del PRI que votaron esta reserva apoyarán la acción de inconstitucionalidad. Sería congruente. Lamentablemente los legisladores del PAN y el mismo Ejecutivo aprovechan el tema de la pandemia, tema muy sensible para la sociedad, y meten otras cosas que les benefician directamente a ellos.
PDA: ¿Son tres artículos en particular los que van a objetar o toda la ley?
PALOMA: Con los regidores priistas presentaríamos esta acción de inconstitucionalidad sobre estos tres artículos que tenemos bien identificados para que se quiten de la ley aprobada. Los diputados del PRI la votaron porque hay algunos artículos que si van dirigidos a la protección del personal de Salud y de los ciudadanos en el tema de los contagios, aumentando las penas a aquellas personas que contagien deliberadamente a otra persona sabiendo que tienen la enfermedad. Esto sí están relacionado directamente con la pandemia, sin embargo los otros que se reservaron no tienen nada que ver.
PDA: ¿Cómo promoverán la acción?
PALOMA: En un juicio de amparo. Una acción de inconstitucionalidad. Desde la vez pasada ya la teníamos. Una preparó la doctora Fabiola Larrondo y otra nosotros con el equipo y la vamos a estar presentando ante las autoridades competentes.
PDA: Ven ustedes en esta ley la intención de penalizar la protesta.
PALOMA: Así es. Esto fue con toda la intención de frenar a los grupos organizados que han estado en contra de acciones del gobierno estatal que no toma en cuenta a la ciudadanía, como las obras que se están haciendo durante la pandemia, innecesarias en este momento, que entorpecen la movilidad y provocan más contagios, además de otras relacionadas con el tema ecológico, en donde se han retirado árboles. Son afectaciones directas contra la ciudadanía y por eso se están objetando estas modificaciones hechas para tener control sobre los grupos. Desgraciadamente este gobierno no escucha a la gente. No escuchó desde abril que se aprobó la primera vez esta ley, hubo protestas tanto en las redes sociales como en las mismas organizaciones que hicieron sus pronunciamientos en contra. Incluso algunos académicos estuvieron señalando que estaba mal, era un abuso y un exceso el aumento de las penalidades, pero aún así no le importó a este gobierno ni a los legisladores panistas y siguen adelante con esta ley. Lo único que hizo el Legislativo fue regresarla con observaciones que se hicieron a estos tres artículos que habíamos reservado inicialmente, pero la verdad es que cuando la revisa la comisión vemos que es una burla, un engaño nuevamente, porque lo que se tenía que hacer es sacar esos tres artículos de la discusión, porque no cumplían con el objetivo planteado desde un principio y siguen insistiendo en que se deben aumentar las penas. Entonces, si es un gobierno que no escucha, que quiere imponer su voluntad autoritaria con garrote en mano. El gobernador quiere obligar al ciudadano a través del castigo y no del diálogo. Nosotros nos oponemos a cualquier ley que viole derechos humanos y se preste al abuso en contra de las organizaciones sociales.
ANTECEDENTES
Paloma Arce Islas, diputada por el primer distrito local y coordinadora de la bancada de morena en la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, manifestó su preocupación por las reformas hechas últimamente al Código Penal que podrían ir encaminadas a reprimir y sancionar penalmente las manifestaciones públicas que realicen en un futuro los activistas sociales.
El 29 de abril del presente año la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, integrada por los diputados Agustín Dorantes Lámbarri, Abigail Arredondo Ramos y Leticia Rubio Montes, se sesionó de manera relámpago dicha Iniciativa, la cual fue aprobada en su totalidad por los integrantes de dicha comisión
Al día siguiente, el 30 de abril de 2020, los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la presentaron en la Sesión del Pleno, como una iniciativa en la que según ellos, se atendía a la emergencia sanitaria generada por el nuevo virus COVID-19, y se tenía que penalizar a las personas que sabiendo su estado contagioso, contagien apropósito a alguien más, pero al mismo tiempo incrementaron las sanciones a 15 artículos y creaban otro nuevo, el 221 BIS-B1.
Cabe destacar que con la finalidad de justificar el voto de los otros grupos legislativos en el Pleno, se manifestó que se incluían dos iniciativas más, una firmada por el grupo legislativo del PRI, y otra por parte de los Diputados Karina Careaga Pineda, Abigail Arredondo Ramos, María Guadalupe Cárdenas Molina, José Hugo Cabrera Ruíz (PRI), Elsa Adané Méndez Álvarez (independiente); Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura Patricia Polo Herrera (Morena), sin que ninguna de estas otras propuestas se viera reflejada en el dictamen que fue sesionado.
Es así que en menos de 24 horas se aprobó una reforma al Código Penal la cual posteriormente se denominaría “Ley Garrote” porque afectaría gravemente las garantías individuales de las y los ciudadanos de nuestro estado, consagradas en nuestra Carta Magna.
La Diputada Arce Islas, en la sesión del Pleno ante las inconsistencias en el dictamen y las penas tan altas que se plasmaban, presentó reserva, en los artículos 287, 288 y 289, toda vez que las penalidades y los incrementos no iban de acorde a lo que se estaba buscando proteger, que en este caso era la integridad de los servidores de la salud y la salvaguarda de la misma, con el objetivo de argumentar lo necesario para eliminarlos del citado Código.
Dicha reserva contó con 10 votos a favor y 15 en contra, por lo que no se detuvo el proceso legislativo y se turnó al Ejecutivo del Estado.
En su oportunidad, Secretaría de Gobernación y la CNDH principalmente, hicieron un llamado a detener dichas reformas en materia penal, dado que advirtieron que en caso de proseguir se presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la declare inconstitucional, además de los diversos cuestionamientos hechos por diversos académicos del Estado.
Por lo anterior el 2 de julio de 2020, el Gobernador y el Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, presentaron sus observaciones a las modificaciones del Código Penal con las precisiones que se debían seguir a fin de no vulnerar los derechos humanos, y estas se enfocaron en los tres artículos que fueron reservados por la Diputada Paloma Arce, incluyendo el artículo 221 Bis-B1.
Posteriormente, el 22 de octubre de 2020, en la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales se volvió a sesionar las observaciones que hizo el Gobernador de Querétaro, y en la que según manifestaciones del Presidente de la Comisión, se proponen penas alternativas a la prisión, por lo que la pena privativa de la libertad no sería la única que la autoridad pueda imponer.
Por lo anterior, la Diputada por Morena, Paloma Arce, en sesión del Pleno del 30 de octubre de 2020, subió una vez más a la tribuna para solicitar que se mantuviera la congruencia con las reservas que se hicieron en la pasada sesión respecto de las violaciones que se presenta en la reforma del Código Penal para el Estado de Querétaro. Lamentablemente la votación obtenida en esta oportunidad fueron 19 votos a favor y sólo 6 votos en contra por parte de los diputados de Morena.
La Coordinadora del Grupo Legislativo de Morena, Paloma Arce Islas, indicó que, en caso de aprobarse la presente ley, se presentarán los recursos pertinentes a fin de que se declare su inconstitucionalidad.
