SERENDIPIA
El 26 de septiembre se cumplirán cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Un lustro después, la investigación y sus resultados confirman el uso de las instituciones para eliminar pruebas y obtener declaraciones por medio de torturas.
Para dar una justa dimensión a esta certeza lastimera e ignominiosa, y entender lo que significa que las autoridades encargadas de procurar justicia cometan actos ilícitos para torcerla, puede ser útil el ejemplo de la unión entre el poder político y el poder empresarial que en los gobiernos del PRI y del PAN creó un territorio fértil donde ambos construyeron acuerdos oscuros y negocios de grupo atravesados por intereses en conflicto, utilizando información del Estado y, en distintos episodios, dinero público.
Hace unos días, Martín Caparrós escribió en El País sobre los modernos Rasputines, esas mujeres y hombres que en la política sirven para explicar todo lo malo que hace un dignatario y culpar a otros; o pueden manipularlo y manejarlo a su antojo: o se encargan de hacer el trabajo sucio y ocultar las miserias de una nación.
En este país la historia de estos dos temas a discusión, la unión aprovechada y perniciosa entre el poder político y el poder empresarial, y la perversión de la justicia, está repleta de Rasputines mexicanos.
La investigación sobre la desaparición de los normalistas puede ser un ejemplo: todos los hallazgos de la Fiscalía indican que la instrucción de alterar pruebas o plantarlas para dar forma a una “verdad histórica”, partió desde las más altas esferas del poder en el gobierno de Enrique Peña, pero el encargado de ejecutar las órdenes fue un moderno Rasputín: Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR entre 2013 y 2016.
De modo semejante a la estrecha y perversa unión entre el poder político y el poder empresarial, el caso Ayotzinapa puede llegar a ser revelador de los acuerdos que habrían involucrado a funcionarios del Poder Ejecutivo (el gobierno investiga al ex procurador Jesús Murillo) y a jueces del Poder Judicial que, de acuerdo con el relato del subsecretario Alejandro Encinas, podrían enfrentar responsabilidades derivadas de crear condiciones para un pacto de silencio e impunidad.
La historia de la connivencia entre el poder político y el poder económico guarda la existencia de varios Rasputines. El más sobresaliente hasta ahora es Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero y corrupción. Pero Lozoya ha dicho que recibía órdenes, lo que supone la existencia de más Rasputines en esta historia.
El gobierno del presidente López Obrador anunció que investiga a Humberto Castillejos y a Luis Videgaray. ¿Las investigaciones alcanzarán al expresidente Peña? Por primera vez parecen coincidir dos cosas para que un expresidente sea llamado a cuentas: las pistas que saltan por lados y las declaraciones inéditas de empresarios que luego de ser socios se convirtieron en víctimas de los Rasputines mexicanos.
