SERENDIPIA
Casi un año desde el cambio de gobierno ha sido suficiente para iluminar uno de los pasadizos más opacos y escurridizos del viejo régimen: la fábrica de infamias que durante décadas funcionó desde el poder para imputar a inocentes delitos que no habían cometido y despojar a sus legítimos dueños de propiedades y empresas.
En distintas tramas que parecen extraídas de La Ley de Herodes, la película donde Damián Alcazar interpreta a un joven y honesto alcalde que al aceptar las reglas del régimen se convierte en el cacique y asesino, han comenzado a conocerse los atropellos que distintos gobiernos del PRI, PAN y PRD mantuvieron en un secreto cómplice y continuaron llevando a cabo en la administración de Peña.
Si el PRI hubiera ganado la elección presidencial, la fábrica de infamias hubiera continuando funcionando con normalidad, con nuevas víctimas y despojos.
Ahora el gobierno obradorista comenzó a revelar las prácticas oprobiosas para fabricar culpables de homicidios y despojar a empresarios y civiles de sus propiedades por medio de extorsiones montadas desde el poder.
La denuncia más reciente involucra al peor gobernante de la CDMX, Miguel Mancera.
Once años después de haber sido falsamente acusada del secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un reconocido empresario, Lorena González recibió la semana pasada una disculpa pública de la Procuraduría capitalina por la maquinación urdida en el gobierno mancerista.
En esta historia y otras que añadiré abajo intervinieron elementos indispensables en la fábrica de infamias del viejo régimen: denuncias anónimas para inculpar y campañas mediáticas montadas sobre el uso político de la publicidad oficial para desprestigiar a los acusados y hacer correr sobre ruedas las narrativas creadas y dirigidas desde el poder.
En Proceso, Nel San Martín publicó la versión del empresario Javier Camargo, ex propietario de la empresa petrolera Evya, acusando de despojo a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien lo amenazó hasta obligarlo a entregarle la compañía a unos nuevos socios que la saquearon y quebraron. Una historia gemela vivió Amado Yáñez, propietario de la empresa Oceanografía, quien prepara una serie de demandas penales contra altos funcionarios del gobierno de Peña, bajo la acusación de una confabulación urdida desde distintas instituciones para inventar un fraude con funcionarios bancarios con el propósito de despojarlo de la compañía y los contratos que recibía de Pemex como la principal naviera de América Latina, una empresa de 12 mil trabajadores a la que exprimió y quebró el gobierno de Peña tras intervenirla en febrero de 2014.
Son dos las principales revelaciones de estas infamias fabricadas por el viejo régimen: El llamado “nuevo PRI” de Peña revivió las prácticas ominosas de los gobiernos pos revolucionarios, y las institucionalizó y extendió a otros partidos por medio del Pacto por México, que a la luz de estas revelaciones podríamos volver a bautizar como lo que en realidad fue: un pacto de impunidad.
