SERENDIPIA
En México el recurso de utilizar impuestos y etiquetas en los alimentos para alertar a los ciudadanos sobre altos contenidos de grasa, calorías y azúcares, siempre ha sido el juego del gato y el ratón entre unas autoridades pusilánimes al aplicar la norma y unas empresas atrevidas al presionar para evitarla.
El cambio de gobierno, hace un año, no modificó esta rutina que afecta la salud de las personas e impide enfrentar con los elementos necesarios la crisis de obesidad y padecimientos crónicos, como la diabetes y enfermedades del corazón en México.
En octubre, el gobierno obradorista publicó un proyecto de reglamento para modificar el uso de las etiquetas.
La parte más importante ordena colocar al frente de los productos la información para identificar con claridad los alimentos y bebidas que contengan altas cantidades de azúcares, calorías, grasas saturadas y trans, sodio y edulcorantes artificiales. También prohibe que las empresas echen mano de artilugios publicitarios como personajes, ofertas y concursos para vender más productos.
El proyecto de reglamento se encuentra en un periodo de consulta de 45 días, en el que las empresas pueden presentar objeciones e inconformidades. La Secretaría de Economía debe cerrar este proceso el 10 de diciembre para responder y reformular el texto de acuerdo a los comentarios.
Al decir que nada ha cambiado en el juego cíclico de utilizar impuestos o etiquetas en los alimentos, y luego evadirlos por parte de las compañías, cobra relevancia la manera en la que en distintos países de América Latina las presiones de las empresas alimenticias han llevado a matizar o neutralizar las políticas públicas que tienen como propósito cuidar la salud pública.
En Chile, la aprobación de las normas sobre el uso de las etiquetas demoró casi cinco años, como resultado de las presiones de las empresas que advertían una violación del derecho comercial internacional y de distintos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
En México, el proceso para avalar el proyecto de reglamento enfrenta fuertes presiones de las empresas del sector alimenticio. La mayor parte de las organizaciones empresariales dieron su visto bueno y firmaron las actas avalando la etiqueta frontal en los alimentos y la prohibición de usar personajes y otros ganchos comerciales.
Pero ahora alegan violaciones al derecho internacional y a la ley de propiedad intelectual. La discusión, precisamente, está trabada en lo relativo al uso de personajes, obsequios y promociones que suelen atraer a los niños.
La secretaría de Economía ha sido firme al advertir a las industrias que sus comentarios deben ser presentados a través de la consulta pública, ante lo cual distintas empresas han acudido directamente a la Presidencia para evitar que se pongan en marcha las medidas en el proyecto.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, ha alertado que la estrategia ha sido sembrar el miedo de que esta medida tenga un impacto en el empleo y la economía, un argumento que probó ser falso en Perú y Chile.
