El Senado aprobó en lo general el plan B de las reformas en materia electoral del gobierno de México con 69 votos a favor y 53 en contra, entre ellos el del coordinador Ricardo Monreal y el legislador, también morenista, Fernando Espino, que se sumaron a la oposición en el rechazo de esa reforma. Se presentaron mil 244 reservas para la discusión en lo particular.
Para los defensores del obradorismo, la razón por la que el presidente y su partido han votado estos cambios en la legislación segundaria, es para modificar la estructura del poder electoral, toda vez que consideran que ahí anidan, no sólo en la plantilla de consejeros electorales y directivos del pasado pernicioso, sino en una estructura operativa que no está tan a la luz pública, las trampas previsibles al servicio de los poderes que fundaron y han moldeado al IFE-INE y al Tribunal Electoral.
Quienes critican la propuesta legislativa de López Obrador, señalan que las modificaciones aprobadas ponen en riesgo la celebración de elecciones limpias. Analistas como Hugo Concha han manifestado que con la propuesta aprobada, se vulneran la autonomía política, técnica, administrativa y normativa del INE.
Se vulnera la autonomía política del INE al establecer que dicho organismo no puede entrometerse en la vida de los partidos políticos. Se le vulnera su “autonomía técnica, al desaparecer al Secretario Ejecutivo y a la Junta General Ejecutiva, ejes de su operación logística, así como reducir áreas centrales y desaparecer vocalías locales y distritales”. Según el académico, también se vulnera “la autonomía administrativa al desaparecer los fideicomisos con los que el INE cubre pasivos laborales y con el que logra depender cada vez menos de rentas y alquileres, conforme sus fondos le permiten incrementar su patrimonio inmobiliario de sus oficinas en todo el país”. Por último, la autonomía normativa se vulnera, “al buscar que sólo pueda emitir reglas en los temas explícitos en un numeral de la Constitución, que enlista resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales”.
En el contexto de la discusión de la reforma electoral, ha trascendido que en el INE, ha comenzado la desbandada de funcionarios que buscan aprovechar las actuales condiciones de retiro. Privar al árbitro de recursos humanos, administrativos y económicos para opere, sin duda alguna tendrá efector en la eficiencia con que se supervicen los procesos electorales. Tan solo recordar que 85 por ciento de los poco más de dos mil 500 profesionales en materia electoral y que ingresaron al INE por concurso podría ser echado a la calle.
La reforma quedó inmersa en un intenso litigio parlamentario que sin duda alguna terminará en la Suprema Corte de Justicia. Cabe señalar que si bien, ya de por sí la integración de la Corte es extraordinariamente relevante para todos los ámbitos de la vida pública nacional, hoy lo será aún más, toda vez que muy probablemente tendrá en sus manos el futuro del sistema electoral mexicano. La Corte ha dado muestras de independencia del Ejecutivo, aunque cuatro ministros actuales, fueron propuestos por el actual Presidente. De mantener esa independencia, lo sustancial de la reforma electoral, podría ser declarada inconstitucional o incluso anulada por claras violaciones al proceso legislativo. Cabe recordar que el propio Ricardo Monreal dijo durante la presentación de su voto particular, en contra, que existían “21 aspectos de inconstitucionalidad”, mismos que presentó en alrededor de 300 reservas.
Para no pocos analistas, la pregunta ha quedado en el aire. Si el régimen se siente tan seguro de un “inminente triunfo” en 2024, ¿porqué la necesidad de atropellar los procesos parlamentarios, para imponer una reforma que para muchos es una amenaza para la certeza y la confianza en nuestras elecciones? ¿Será que no están tan seguros de ese destino manifiesto?
