La celebración de la XLV Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México, sumada a los eventos que se llevan a cabo alrededor del país, es una excelente oportunidad para analizar las conquistas que el movimiento ha logrado en materia de derechos humanos y desigualdades sociales.
En los aspectos social y de visibilidad hay buenas noticias. La encuesta Ipsos LGBT+ Pride 2023 reporta que el 47 por ciento de las personas entrevistadas tienen un o una pariente, amistad o colega de trabajo homosexual o lesbiana: cinco puntos más que en la encuesta previa de 2021. El 26 por ciento afirmó conocer a alguien bisexual (dos puntos más que en 2021); el 13 por ciento, a alguien transgénero (tres puntos más que en 2021), y el 12 por ciento confirma que conoce a una persona no binaria o que tiene fluidez de género (hasta tres puntos más que en 2021).
Es evidente que el aumento de estas cifras en tan sólo dos años indica que se amplió positivamente la visibilidad social de esa comunidad, y su confianza en declarar su sexualidad y expresar su género de manera abierta nos muestra que nuestras sociedades van avanzando.
El activismo, la información, las políticas públicas y la inclusión económica, laboral y educativa —aunque aún con retos profundos— ya comienzan a tener resultados. Por mencionar una reciente y favorable noticia en materia legal, se encuentra el caso de España, país que en febrero pasado aprobó una ley que, entre otras disposiciones, permite el reconocimiento de la identidad de género basado en la autoidentificación a través de un proceso administrativo simple, sin la solicitud de una operación de reasignación de sexo o cualquier otro procedimiento médico.
En octubre de 2022, el Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen que busca sancionar y eliminar en México las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG). Estas prácticas, además de ser nocivas para la salud mental y física, atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Por otra parte, también en octubre de 2022, Tamaulipas se convirtió en el último estado mexicano en aprobar la unión civil entre personas del mismo sexo que, de esa manera, ya es admitida en todo el territorio nacional. Con esto, México se sumó a un grupo pequeño de países latinoamericanos en donde la medida es legal: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Cuba y Uruguay.
Es evidente que aún tenemos profundos retos por enfrentar. Sin embargo, estoy seguro de que, a pesar de ello, en México vamos avanzando de manera correcta hacia la reducción de la brecha y el respeto de los derechos humanos de todas las poblaciones, incluidas las de la diversidad sexual y de género.
