Norberto Alvarado Alegría
En ciudades como la que hoy conforma la zona metropolitana de Querétaro, la proliferación de grandes áreas urbanas que hoy abarcan 4 municipios, se caracterizan por la existencia de zonas de alta plusvalía, y otras, la mayoría en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos sociales y naturales, siendo una característica común de la mayoría de las metrópolis en el mundo, principalmente en Latinoamérica, lo cual hace que cada vez los gobiernos locales estén lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes para desarrollarse.
Por ejemplo, la movilidad es una de las grandes problemáticas, igual que el agua, los servicios básicos y la seguridad, todos considerados hoy como derechos humanos y que en conjunto podemos englobarlos en el derecho a la ciudad, que se vincula con otros derechos sociales como el derecho a la vivienda, a la salud y al espacio público.
Esta capacidad de los gobiernos municipales -que es limitada debido a los recursos-, es el reto más significativo para la satisfacción de las necesidades primarias de una comunidad dentro de su entorno geográfico.
La población en su mayoría está privada o limitada, en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad, para satisfacer sus más elementales necesidades básicas, bajo un criterio objetivo y universal que permita fijar en el límite inferior de la moral -considerándola como un consenso objetivo-, dentro de su espacio físico de desarrollo, lo cual afecta severamente su derecho a la vida y a la dignidad.
Estas necesidades básicas, son objetivas en la medida en que se habla de datos empíricos referidos a personas reales y de universalidad de las necesidades absolutas o básicas, cuando la satisfacción del fin que persiguen no requiere de una justificación mayormente elaborada. Así podemos de manera inferencial, determinar las prioridades que cada gobierno local y regional identifica y decide satisfacer a través de políticas públicas y acciones concretas.
No podemos negar que se requiere forzosamente de la intervención del Estado para satisfacer a través de las figuras de la planeación, la regulación urbana y los servicios públicos, la gran mayoría de estas necesidades, y para ello, el Estado requiere la construcción y aplicación de criterios objetivos y universales, lo cual puede afectar, positiva o negativamente, el acceso a dichos derechos sociales que van en conexión directa con los derechos individuales primarios de la vida, la dignidad y la libertad.
Existen diversas metodologías para hacerlo, desde la decisión centralizada hasta las obras comunales, pasando por un matiz tan amplio como lo permitan los recursos, lo exijan las necesidades y lo promuevan las voluntades políticas.
Hoy en día, el contexto internacional, las migraciones urbanas y las conurbaciones, requieren del reconocimiento y la descripción a profundidad, así como de un marco de garantías en el sistema del derecho para su incorporación a las políticas públicas en conexidad con otros derechos fundamentales, y con las acciones y obras concretas de las instituciones, inclusive de los tribunales, que las vuelven justiciables.
Decía Le Corbusier que la unidad administrativa raramente coincide con la unidad geográfica, esto es, con la región. La delimitación territorial administrativa de las ciudades fue arbitraria desde el principio o ha pasado a serlo posteriormente, cuando la aglomeración principal, a consecuencia de su crecimiento ha llegado a alcanzar a otros municipios, englobándolos a continuación, dentro de sí misma. Esta delimitación artificial se opone a una buena administración del nuevo conjunto. Pues, efectivamente, algunos municipios suburbanos han adquirido inesperadamente un valor, positivo o negativo, imprevisible. Esta es una realidad innegable que ya vive la zona metropolitana de Querétaro.
Los límites administrativos que compartimentan el complejo urbano se han convertido en algo paralizador en algunas áreas de la atención municipal y estatal. Para los municipios de Corregidora, El Marqués, Humilpan y Querétaro ya no es posible emprender acción alguna si no se ajustan al destino armonioso de la región. Más pronto que lejos vivirá lo mismo Colón y Pedro Escobedo.
Los planes de desarrollo de estos municipios no son más que uno de los elementos de este todo que constituye el plan regional o estatal, y por ello deberían coincidir con altura de miras de los presidentes municipales y sus ayuntamientos, más que tratar de destacar por anuncios de obras o programas de relumbrón que a lo lejos manifiestan el inicio de la carrera por ser considerados como candidateables para la gubernatura, o al menos para la reelección.
Los gobiernos municipales son los conserjes y las amas de llaves de los asentamientos humanos. No deben olvidarlo los integrantes de los ayuntamientos y de la administración pública. El artículo 115 constitucional lo deja muy claro y los acota.
Las ciudades -entendidas como las localidades-, son los lugares de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, son el espacio público de la comunidad; la cantidad y la calidad del espacio público determinan la calidad urbanística de una ciudad, por ello Jan Gehl señala que un espacio público es bueno cuando en él ocurren muchas actividades no indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo, cuando se apropian de la calle en el lenguaje de Jane Jacobs o bien participan en la fabricación del “ouvre” de Henry Lefebvre.
Es importante que cada localidad, en el municipio de Querétaro por ejemplo existen 7 delegaciones, pero más importante 71 subdelegaciones, adicionales a la ciudad como tal, y para todas ellas, conseguir la calidad urbana es un asunto importante, pues cada una de ellas es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes los cuales, tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad, en otras palabras, implica la acción gubernamental y la responsabilidad ciudadana.
En nuestra realidad queretana, conceptualización de la ciudad así entendida, se encuentra en una de sus fases iniciales de gestación, hoy las acciones gubernamentales pasan por entender que resulta fundamental la protección y la garantía en el ejercicio de derechos como: la vida y la dignidad humana; el acceso y aprovechamiento del espacio público; la movilidad; la seguridad; el acceso a la vivienda; y el acceso y utilización de los servicios públicos.
Se han cumplido ya más de 100 días de que los gobiernos, nacional y municipales iniciaron su gestión. El desmantelamiento de algunas políticas públicas ha favorecido el aumento de la delincuencia y de los conflictos urbanos; por otro lado, se han alentado las demandas de una gestión represiva y punitiva de la nueva inseguridad urbana, como las políticas de tolerancia cero. Habrá que encontrar una equivalencia porque la teoría de las ventanas rotas es útil, sólo cuando va acompañada de acciones, obras e infraestructura para todos, con el objetivo de reconstruir el tejido social, sin populismo ni objetivos electorales subyacentes.
