La decisión de cambiar al Poder Judicial está generando al País los primeros costos con la solicitud de empresas de Estados Unidos de ser protegidas ante “la politización” de la justicia en México, advirtieron legisladores.
El senador panista Raymundo Bolaños dijo que los llamados “jueces del Bienestar” no generan confianza y certidumbre a los inversionistas estadounidenses y por eso la Business Roundtable (BRT) pidió a la administración Trump garantizar que no serán víctimas de “caprichos políticos”.
“Tristemente, los empresarios y el sector privado (estadounidense) tienen razón. El hecho de que se pierda la autonomía de uno de los poderes de la unión, de que se diluya la división de poderes en México y que el Poder Judicial haya dejado de ser ese equilibrio entre los poderes para dirimir controversias, por supuesto que es riesgoso, y es un riesgo que advertimos desde el inicio, desde que se planteó la reforma judicial”, indicó.
Grupo REFORMA publicó el sábado que la BRT, que agrupa a unos 200 CEOs como Tim Cook, de Apple; Jamie Dimon, del banco JPMorganChase; Mary Barra, de la automotriz GM, y Raj Subramaniam, de la empresa de envíos FedEx, pidieron además frenar lo que llamaron discriminación del Gobierno mexicano en los sectores de energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.
También sugirieron restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) dentro del T-MEC.
En entrevista, Bolaños dijo que, al momento de renegociar el tratado comercial, Estados Unidos y Canadá van a solicitar neutralidad de los tribunales mexicanos y hoy, en virtud de la reforma judicial, el Gobierno mexicano no está en posibilidad de garantizar esa imparcialidad.
Al recordar que la Oposición en el Senado previó durante el proceso de desmantelamiento del viejo Poder Judicial y de los organismos autónomos las quejas estadounidenses, la emecista Alejandra Barrales sostuvo que la petición de los empresarios denota desconfianza en las recientes legislaciones de la Administración Sheinbaum.
“Es una señal de desconfianza, de inconformidad. No debiera ser una sorpresa, ya advertíamos que este tipo de medidas podrían venir derivando de las reformas que vulneran los acuerdos, que trastocan lo convenido”, afirmó.
La priista Claudia Anaya consideró que con la posible reinstauración del ISDS, la iniciativa privada en México se encontraría en desventaja ante sus competidores internacionales.
“Lo que estamos generando es un mecanismo de defensa desequilibrado, porque a todos los locales, todo el que no pueda irse a defender a un panel internacional, lo vas a dejar en una condición de desventaja. Entonces, creas un desequilibrio del mercado”, sostuvo.
El senador del PVEM, Waldo Fernández, calificó como “normal” que la iniciativa privada estadounidense externe sus preocupaciones durante esta etapa, rumbo a la renegociación.
“Van a querer en la negociación mejorar sus condiciones, cosa que es completamente válida”, expuso.
Dijo que México, al encontrarse en la misma etapa, ha detectado barreras no arancelarias que afectan la operación comercial, específicamente vinculadas al acero y aluminio y al requerimiento de que todos los transportistas dominen el inglés.
El senador morenista Saúl Monreal atribuyó las “lógicas” inquietudes a lo novedoso de la reforma al Poder Judicial, pero consideró como un buen síntoma que Estados Unidos tenga presente la importancia de la relación comercial entre las naciones de la región de América del Norte.
“Es un mero indicativo de que el país vecino reconoce la dependencia de ambas economías”, afirmó.
