Un grupo de vecinos de Jurica informó que, tras seis años y ocho meses de litigio, obtuvieron una resolución favorable en segunda instancia para proteger las parcelas ejidales 41 y 42, ubicadas en Jurica Poniente, al norponiente de Querétaro. El tribunal colegiado determinó de manera unánime que estos predios forman parte de un área natural protegida decretada en 2006 y ordenó reincorporarlos a esa condición.
De acuerdo con los ciudadanos, en 2018 el municipio de Querétaro había autorizado un cambio de uso de suelo en dichas parcelas para permitir la construcción de desarrollos habitacionales. En 2019 interpusieron un primer amparo, que derivó en la derogación de los permisos. Sin embargo, al quedar vigentes nuevas autorizaciones, iniciaron un segundo proceso legal que concluyó con la reciente sentencia.
“Ganamos el amparo y hoy les decimos con mucho gusto que ganamos en segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia queda firme, esos predios se tienen que regresar a su condición natural”, señalaron los integrantes de la Asociación Parque Interurbano Jurica A.C., al explicar que el fallo obliga al municipio a reincorporar las parcelas al área natural protegida y cancelar los permisos habitacionales.
La doctora Izareli Rosillo, integrante del equipo legal, explicó que el tribunal consideró elementos ambientales y de justicia climática.
“El tribunal colegiado señaló que el valor ambiental específicamente de estas parcelas del ejido Jurica no fue observado por el ayuntamiento y omitió analizar las funciones de preservación para la mitigación y adaptación al cambio climático”, indicó.
Los vecinos subrayaron que las 224 hectáreas de la zona forman parte de la segunda cuenca más importante de Querétaro y que su urbanización aumentaría los riesgos de inundaciones. Señalaron que en el lugar se han registrado más de 50 especies de aves y que parte de la superficie ya se aprovecha en el proyecto Parque La Queretana.
La resolución también establece que el municipio deberá realizar un acuerdo de cabildo para reincorporar formalmente las parcelas al decreto original, así como publicar un plan de manejo con enfoque en protección ambiental y justicia climática. Los vecinos adelantaron que estarán atentos al cumplimiento de la sentencia.
Además, los integrantes de la asociación informaron que impulsarán una iniciativa ciudadana en el Congreso de la Unión para modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con el fin de sancionar a servidores públicos y particulares que alteren unidades de gestión ambiental de alto valor ecosistémico.
“Este juicio es un precedente nacional que demuestra cómo la defensa ciudadana, apoyada en argumentos científicos y legales, puede contribuir a proteger los derechos humanos y el medio ambiente”, destacaron los representantes de la organización.
