La transformación digital está presente en todo el mundo y continúa expandiéndose en la medida en que se desarrolla la tecnología. Las mejoras en la conectividad han facilitado que los Gobiernos, las industrias, empresas, organizaciones, personas e incluso los objetos estén cada vez más conectados a internet.
Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en México el acceso al servicio de banda ancha —fijo o móvil— mostró un crecimiento muy destacado en los últimos años. El aumento fue tal, que en 2013 había 40 accesos al servicio fijo de internet por cada 100 hogares. En 2021, este dato se elevó a 69. En cuanto al acceso al servicio móvil, 23 de cada 100 habitantes tenían internet en su celular en 2013, cifra que subió a 86 en 2021.
Si bien la total eliminación de la brecha digital en el país es todavía un asunto pendiente, la creciente capacidad para conectarse a la red generó toda una economía digital, con beneficios indiscutibles que contribuyen al desarrollo social y económico de México. Sin embargo, derivado de la creciente digitalización hay una mayor exposición a los riesgos en ciberseguridad.
En meses recientes atestiguamos la proliferación de ataques cibernéticos perpetrados por grupos criminales, los cuales buscan afectar las infraestructuras críticas y los sistemas informativos de Gobiernos y empresas, así como a las personas que los operan, con un fin específico, que puede ser de carácter económico o de otro tipo, poniendo en riesgo la seguridad nacional.
México es aún un país relativamente vulnerable en seguridad y defensa cibernéticas. En el primer semestre de 2022, se registraron 85 mil millones de intentos de ciberataques, lo que representa más del 50 por ciento del total de los ocurridos en toda América Latina y el Caribe. Tan solo el Senado de la República ha recibido más de 300 mil intentos en lo que va del año. Se calcula que los costos de la ciberdelincuencia y el fraude cibernético para la economía mexicana ascienden a 8 mil millones de dólares anuales.
Conscientes de los riesgos de seguridad que conlleva la transformación digital, en el Senado mexicano emprendimos una serie de esfuerzos enfocados en identificar las oportunidades para legislar en la materia y avanzar en la construcción de un modelo de gobernanza de la ciberseguridad, que responda a las necesidades actuales, como contar con un ente gubernamental que coordine a las diversas dependencias y demás actores involucrados —sector privado, academia y sociedad civil—, y concentre las acciones para gestionar y responder a los riesgos que plantea la seguridad en el ciberespacio.
Tenemos muy claro que aumentar la capacidad del Gobierno en ciberseguridad pasa necesariamente por la coordinación más allá de las fronteras nacionales. Conforme se profundiza la digitalización, la cooperación internacional y la alineación de políticas con países que son líderes en la materia —como Estados Unidos, el Reino Unido e Israel— es fundamental.
El fin último es fortalecer la ciberseguridad del país, y con ello proteger los derechos de la población en esta nueva era, su privacidad e identidad, y promover la confianza en las nuevas tecnologías. Así impulsaremos la innovación y el crecimiento económico, con miras a que la transformación digital sea segura para todas y todos los mexicanos. En el Senado seguiremos trabajando para contar pronto con un marco legal sólido y moderno que nos permita avanzar en este sentido.
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