La transformación digital está presente en todo el mundo y continúa expandiéndose en la medida en que se desarrolla la tecnología. Las mejoras en la conectividad han facilitado que gobiernos, industrias, empresas, organizaciones, personas e incluso objetos estén cada vez más conectados a internet.
En México, el acceso al servicio de banda ancha —ya sea fijo o móvil— mostró un crecimiento muy destacado en los últimos años. El aumento es tal, que en 2013 había 40 accesos al servicio fijo de internet por cada 100 hogares. En 2021 este dato se elevó a 69, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En cuanto al acceso al servicio móvil, 23 de cada 100 habitantes tenían internet en su celular en 2013, cifra que subió a 86 en 2021.
Si bien aún es un asunto pendiente eliminar por completo la brecha digital en el país, la creciente capacidad para conectarse a la red generó ya toda una economía digital con beneficios indiscutibles, que contribuyen al desarrollo social y económico de México. Sin embargo, derivado de la digitalización, hay una mayor exposición a los riesgos en ciberseguridad.
En los últimos meses, atestiguamos la proliferación de ataques cibernéticos perpetrados por grupos criminales, ya sea a organismos multinacionales o gobiernos de otros Estados, por medio de técnicas sofisticadas. Estas agrupaciones buscan afectar las infraestructuras críticas y los sistemas informativos gubernamentales y de empresas, así como a las personas que los operan, con un fin específico, que puede ser de carácter económico o de otro tipo, poniendo en riesgo la seguridad nacional del país.
México es todavía una nación relativamente vulnerable en seguridad y defensa cibernéticas. En el primer semestre de 2022, se registraron 85 millones de tentativas de ciberataques, lo que representó más del 50 por ciento del total de los intentos en América Latina y el Caribe. Tan solo el Senado de la República recibió más de 300 mil intentonas en lo que va del año. Se calcula que los costos de la ciberdelincuencia y el fraude cibernético para la economía nacional ascienden a 8 mil millones de dólares anuales.
Conscientes de los riesgos de seguridad que conlleva la transformación digital, en el Senado mexicano emprendimos una serie de esfuerzos enfocados a identificar las oportunidades para legislar en la materia y avanzar en la construcción de un modelo de gobernanza de la ciberseguridad, que responda a las necesidades actuales, como contar con un ente gubernamental que coordine a las diversas dependencias y demás actores involucrados —sector privado, academia y sociedad civil—, y concentre las acciones para gestionar y responder a los riesgos que plantea la seguridad en el ciberespacio.
Tenemos muy claro que aumentar la capacidad del Gobierno en ciberseguridad pasa necesariamente por la coordinación más allá de las fronteras nacionales. A medida que se profundiza la digitalización, se vuelven fundamentales la cooperación internacional y la alineación de políticas con países líderes en la materia, como el caso de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel.
El fin último es fortalecer la ciberseguridad del país y con ello proteger los derechos de la población en esta nueva era, su privacidad e identidad, y promover la confianza en las nuevas tecnologías. De esa manera impulsaremos la innovación y el crecimiento económico, a fin de que la transformación digital sea segura para todas y todos los mexicanos. En el Senado continuaremos trabajando para que pronto contemos con un marco legal sólido y moderno que nos permita avanzar en la dirección correcta.
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