Un tribunal federal revocó la condena de 15 años con 6 meses de prisión y dejó en libertad al empresario José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, en el mismo caso por el que está acusado el abogado Juan Collado.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México dictó ayer el fallo absolutorio, al concluir que no se acreditaron los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, confirmaron autoridades judiciales.
En la primeras horas de este viernes, Rico abandonó el Reclusorio Norte, donde estuvo internado durante cuatro años con tres meses y veinte días.
Los magistrados del tribunal determinaron que las operaciones financieras por las que fue acusado -relacionadas con la compra venta del edificio de Caja Libertad-, no son reiteradas y el dinero tampoco tiene un origen ilícito, aspectos que impiden establecer la existencia de un lavado y, por consecuencia, de delincuencia organizada, pues este delito exige acreditar la existencia de un grupo criminal que opera de manera reiterada.
Con la liberación de Rico, ya ninguno de los acusados por el caso de la Caja Libertad se encuentra preso, ya que el pasado 21 de septiembre le concedieron la libertad provisional a Juan Collado -quien en ese momento llevaba tres meses internado en el Hospital Ángeles Pedregal- y el 7 de diciembre José Antonio Vargas Hernández, el otro coacusado.
Pero Rico es el primero en lograr la cancelación de su proceso, un fallo con alcances de sentencia absolutoria.
Rico y su compadre Vargas Hernández fueron aprehendidos el 9 de septiembre del mismo año en Matehuala, San Luis Potosí, en un operativo de la Policía Federal Ministerial.
La FGR acusó a Collado, Rico y Vargas de conformar un grupo delincuencial que presuntamente simuló la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro, por 156 millones de pesos, en una operación registrada el 25 de marzo de 2015.
En el papel, Operadora de Inmuebles del Centro vendió el inmueble a Caja Libertad. Vargas Hernández concretó la operación en calidad de vendedor, mediante un poder para actos de dominio y administración que le otorgó José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, accionista de esa empresa.
Para la Fiscalía, existió una simulación porque Rico en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria vendedora; además, el dinero de la compra venta después fue transferido a compañías presumiblemente vinculadas al propio Rico y a una cuenta de Collado.
En la acusación final, se detalla que el 10 de abril de 2015 Operadora de Inmuebles del Centro transfirió a Collado un total de 24 millones de pesos.
La inmobiliaria también depositó 97 millones 119 mil 168 pesos a Administradora Ario; 1 millón 550 mil a Despacho Integral de Inmuebles; 493 mil a la empresa con RFC MRI110214BJA; y 50 millones 60 mil 400 pesos a Administradora Cimantorio, supuestamente ligadas a Rico.
En marzo pasado, un juez de control constituido en tribunal de enjuiciamiento, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó a Rico a 15 años con 6 meses de cárcel, al pago de 2 mil días multa; la suspensión de sus derechos políticos y una amonestación.
También lo condenó a la reparación del daño de manera genérica y le negó cualquier sustitutivo de la pena de prisión o beneficios en la reducción de la penalidad.
El empresario apeló la condena de primera instancia y consiguió qué el tribunal de alzada la echara abajo y le devolviera la libertad.
